Hay un consenso amplio, la impartición de justicia tiene graves problemas en México y se necesita una reforma al Poder Judicial. Pero, ¿qué tipo de cambios se necesitan para resolver el problema? Aquí empieza el debate, AMLO se ha dedicado a descalificar al Poder Judicial por “corrupto”, “capturado”, “al servicio de una minoría”, “al servicio de la delincuencia” y hace una propuesta de cambio. La narrativa del presidente ha permeado en la sociedad y por eso se puede prever que el resultado de la encuesta que se hizo salga muy favorable a su reforma. Además, las experiencias de la ciudadanía con la justicia son muy negativas. Veamos un balance inicial.

Se pueden agrupar en cuatro las principales reformas que se van a hacer: los cambios a la SCJN; el voto popular para elegir a ministros, magistrados y jueces; una nueva Judicatura; y, los cambios a reglas procesales, como lo plantea el Centro Prodh. En general se puede observar que en las justificaciones y motivaciones de la iniciativa no hay diagnósticos, ni estudios, sino opiniones.

1.- No se entiende por qué razones la SCJN se reduce de 11 a 9 integrantes; tampoco se sabe en base a qué argumento se reduce su periodo de 15 a 12 años; mucho menos se sabe por qué desaparecen las dos salas, en donde se procesan y atienden múltiples expedientes, y se hace un trabajo especializado, diferente al que se hace el pleno. Por razones de la austeridad obradorista se puede entender que se quite la pensión (el haber de retiro) de actuales y futuros ministros y ministras y se ajuste su remuneración al tope máximo.

2.- Lo que será particularmente problemático es la elección por voto popular. Parece que existe una fetichización del sufragio: como existe corrupción y captura, el voto lavará y evitará la corrupción. El problema de fondo es la independencia del Poder Judicial y de los jueces. Se pueden mejorar las formas de designación, pero el recurso del voto va a generar muchos más problemas de lo que se quieren resolver. El poder del voto popular es limitado; se ha estudiado mucho que el sufragio alcanza para elegir autoridades, pero no sirve para controlar a esas autoridades. Se necesitan otros contrapesos, mecanismos horizontales y verticales para la rendición de cuentas. Además, se pretende que desde los poderes se propongan las candidaturas, pero da la casualidad que hoy tenemos de nuevo un partido dominante en el Ejecutivo y en el Legislativo, así que el Poder judicial se pintará de guinda y los jueces, magistrados y ministros será como diputados del partido dominante. Ya fracasó en Bolivia y en México no será diferente.

3.- Sobre los cambios en el Consejo de la Judicatura Federal se pueden plantear dos dimensiones: por un lado, es acertado que la cabeza de esa instancia no sea la misma que la de la SCJN. Por otra parte, crear un tribunal disciplinario elegido por voto popular tiene los mismos problemas de la elección de jueces, magistrados y ministros, se politizará mucho más la impartición de justicia.

4.- La otra parte es sobre las reglas procesales, la justicia expedita con plazos cortos, está muy bien, pero México está por debajo de muchos países de la región en el número de jueces por habitantes. ¿Habrá recursos para tener el número de jueces que se necesita o seguirá la ineficiencia y el déficit? Se prohibirá dar suspensiones en contra de leyes con efectos generales, ¿la molestia de AMLO por amparos en contra de sus proyectos es mera coincidencia? Ya se publicó en DOF las restricciones al amparo. Finalmente, se le quitarán los fideicomisos al Poder Judicial, la última pieza que faltaba para la redistribución presupuestal, sin reforma fiscal.

¿Dónde están los cambios para una mejor impartición de justicia? ¿Dónde quedará la experiencia y especialización que se construye mediante una carrera judicial? ¿Quién le dijo a AMLO que el voto popular sirve para elegir especialistas? Es tan absurdo cómo aprobar el ingreso de médicos a los hospitales por voto popular; o seleccionar investigadores mediante el sufragio directo. Así, las graves fallas del sistema de acceso, organización e impartición de justicia no se resolverán, pero habrá nuevos problemas con jueces, magistrados y ministros metidos a la dinámica electoral

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