Cuando se pensaba que el paso del bastón de mando y la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum eran suficientes para que AMLO transitara por su último año de gobierno sin grandes sobresaltos, inaugurando sus grandes obras, llegó el golpe. Después de años de una larga pelea en contra de los organismos autónomos, ahora quiere desaparecerlos: al Inai, a la Comisión de Competencia (Cofece), al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), más los que se acumulen, porque dice que “no sirven para nada”, “no le sirven al pueblo”.
Suena fuerte, pero son frases que no sorprenden porque se trata de una mezcla de dos elementos, populismo de libro de texto, quitar intermediarios para que no haya nada entre el líder y el pueblo; nostalgia setentera de un presidencialismo poderoso que concentraba todo el poder. Así es el estilo de gobernar de AMLO, cada vez menos cardenista y más echeverrista. Esos organismos han sido piezas importantes en el proceso de transición democrática, ese periodo que para el presidente fue pura simulación. Reivindica su visión de un nacionalismo de viejo cuño. Dice que cuando se trata de las empresas estatales como Pemex o la CFE, se defiende a los particulares, con lo cual se hace una identificación de la nación a esas empresas y condena cualquier intervención privada. El uso del “pueblo” es un término que no explica, ni tiene realidad, salvo para un discurso ideológico-afectivo que homogeniza y niega la pluralidad, el conflicto y las diferencias.
Lo que el presidente no acepta es que en esos espacios institucionales existen derechos que se tutelan para fortalecer un sistema democrático y plural. Lo que ha podido capturar, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han vuelto una comparsa del gobierno; otros los ha debilitado, como el INE, el Tribunal Electoral y el Inai. Pero ahora se trata de dar un paso más, desaparecerlos. Las áreas estatales con autonomía cumplen con una tarea muy importante para la ciudadanía: garantizan el voto libre, el derecho a la información y a la privacidad, regulan competencias en contra del capitalismo de cuates, defienden derechos humanos frente a los abusos del poder. No se trata de un simple gasto que se quiere borrar del presupuesto para ser más austeros, sino de un problema de concentración de poder y de viejas concepciones de lo que debe ser el Estado en estos tiempos.
El presidente sabe que esta desaparición necesita de reformas constitucionales y que no tiene los votos para una mayoría calificada. Pero, de todas formas, va a insistir para generar más polarización durante la campaña electoral del año entrante. Según sus palabras es para dejar asentado que no está de acuerdo con esas instituciones; todo el sexenio se la ha pasado desacreditándolas. Una parte de la estrategia es congelar los nombramientos, así no se han nombrado a 3 comisionados del Inai, a dos magistrados de la Sala Superior del TEPJF, un magistrado de la sala regional especializada, cinco magistrados de salas regionales, tres consejeros de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tres integrantes del IFC, 72 cargos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (EL UNIVERSAL, 12/12/2023). Estos vacíos debilitan a las instituciones y expresan, además del desacuerdo de AMLO, una falta muy importante de la vida política, en donde se han borrado los mecanismos de negociación y solo quedan la imposición y mayoriteo. Incluso cuando se pueden sacar adelante leyes secundarias —que no necesitan mayoría calificada—, se violentan los procedimientos, y luego viene las controversias que la SCJN echa abajo por faltas al procedimiento.
Durante el largo proceso de transición democrática se fueron construyendo instituciones garantes de derechos; este trabajo se hizo por fases, con reformas sucesivas, hasta lograr una mejor pluralidad y resultados más satisfactorios. La otra cara de la moneda fue desmontar un hiperpresidencialismo y generar contrapesos. AMLO dice que lo hace para que no se diga que no hizo la lucha; pero aquí dejamos constancia de la diferencia con el criterio presidencial porque esta iniciativa representa un grave error…
