La experiencia chilena resulta un caso muy interesante para cualquier país de América Latina. La historia es conocida: el estallido que derivó en un movimiento social en octubre de 2019 fue la expresión de una protesta amplia y generalizada en contra del sistema que compaginó la herencia del neoliberalismo con la transición democrática.

El proceso ha sido complejo, pero se tejió como una fina filigrana. Pandemia de por medio, este movimiento se encauzó después de fuertes represiones policiacas, en una ruta democrática que tuvo varias etapas: un plebiscito para saber si se quería una nueva Constitución y la composición de los que harían el trabajo; después una elección de los integrantes, los constituyentes y, finalmente, un plebiscito de salida para saber si se acepta la propuesta de la nueva Constitución, lo que se realizará el próximo 4 de septiembre.

Varios de estos componentes han generado ya cambios muy importantes en Chile, las nuevas generaciones están hoy al frente del Estado; el triunfo de Gabriel Boric, un integrante del movimiento estudiantil de 2011 ganó la presidencia de la República al frente de una coalición de izquierdas. La composición de los constituyentes (155 personas) se integró con personas independientes, al margen de los partidos políticos, de forma paritaria y con la integración de los pueblos originarios (17 representantes) y personas con discapacidad (5%).

Desde los estudios que hizo el PNUD encabezados por Norbert Lechner a finales del siglo pasado, ya se detectaba que la modernización del sistema económico chileno generaba un malestar difuso. Tuvieron que pasar muchos años de gobiernos democráticos, de centro derecha y de centro izquierda, para que las nuevas generaciones pusieran un alto en octubre de 2019. La expresión sintética fue: no son los 30 pesos de aumento al transporte público, sino los 30 años de desigualdad.

La propuesta de nueva Constitución es un documento integrado por los sueños y deseos de las nuevas generaciones de chilenos. Con nuevas reglas sobre una mejor democracia, inclusión, una nación plurinacional, institucionalidad, libertades, derechos sociales, protección de la naturaleza, nuevas formas de representación de las regiones y una economía responsable. El documento tiene 388 artículos en once partes y 57 transitorios. Con esta propuesta Chile pone su reloj histórico al tiempo de un país que quiere cambiar su historia y enterrar de forma de definitiva la herencia de una dictadura militar que se prolongó en una Constitución, a pesar de los cambios que tuvo con el gobierno de Ricardo Lagos en 2005.

Llama la atención cómo ha evolucionado la opinión de los chilenos sobre el actual gobierno y la nueva Constitución. Parece costumbre de la cultura política chilena la enorme desaprobación de sus presidentes en tiempos muy cortos, así le ha pasado a Boric, pero igual a Bachelet y a Piñera. El presidente sólo tiene 36% de aprobación (Encuesta Plaza Pública, 1ª semana de julio 2022). El país atraviesa por problemas económicos importantes, devaluación de su moneda, inflación, etc. Como un correlato de esta caída en la aprobación, las mediciones sobre los escenarios para el plebiscito de salida el 4 de septiembre, también han ido a la baja. En marzo 50% declaraba que aprobaría, en abril ese porcentaje bajó a 44% y entre mayo y julio ya va en 36%. Cuando se mide el tipo de emocionalidad que despierta este documento, tenemos que para 35% se trata de esperanza, pero para 61% hay preocupación y temor. Entre las opciones que pueden venir con el plebiscito están la aprobación tal cual (11%); que se apruebe y después se reforme (31%); los que la rechazan opinan que se proponga un nuevo proceso (35%) o que siga la actual Constitución (20%), (Encuesta Plaza Pública).

El próximo 4 de septiembre Chile se juega, sin duda, una segunda transición democrática. Veremos qué deciden los ciudadanos de ese país…

Investigador del CIESAS.
@AzizNassif

 

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