Cada día resulta más sorprendente el ajuste con el que AMLO quiere gobernar al país. En la lógica de sacar recursos económicos hasta debajo de las piedras, se han ido reduciendo puestos, proyectos, instrumentos —como los fideicomisos— y, ahora viene una iniciativa para acabar con los órganos autónomos, o al menos con algunos de ellos. El resultado es un Estado cada vez más débil, con menos capacidades y con un severo castigo a importantes derechos ciudadanos.
El criterio del presidente se expresa en una frase: “cuestan mucho y no sirven”. Resulta difícil saber si se trata de un pretexto con intereses políticos, que lleva a un regreso al viejo presidencialismo, como han dicho múltiples voces sobre la 4T; y/o simplemente, se trata de una incapacidad para entender que un Estado moderno es una estructura compleja que necesita de pesos y contrapesos, áreas centrales y otras autónomas. Cualquier de las dos explicaciones es peligrosa para la democracia y sus consecuencias serán muy costosas para el país.
AMLO está obsesionado en ajustar los presupuestos del gobierno con el fin ahorrar, de abaratar la administración y de jalar recursos para sus intereses: los programas sociales y las grandes obras, parece que todo lo demás es prescindible, recortable y se puede suprimir.
Varios de los órganos autónomos se fueron creando al ritmo de las luchas que empujaron la transición democrática, un referente que hoy parece lejano y empolvado. Pero no se puede perder de vista que estos organismos han sido el resultado de intensas y largas batallas democráticas para garantizar derechos: el derecho a la información, los derechos humanos, el derecho de las audiencias, etc. Se trata de instituciones perfectibles que han pasado por diferentes etapas y momentos, pero que no se les puede borrar con un simple y falso “son neoliberales”. Se pueden tener mejores regulaciones, ser más austeras, pero considerar que sus funciones se pueden sumar a la administración central en una equivocación rotunda. Es regresar al viejo sistema presidencialista que concentra todas las decisiones. Es poner al vigilante en manos del vigilado. Más bien, estos órganos se deben fortalecer con una autonomía más potente que pueda regular intereses y actores y garantizar derechos ciudadanos. De las decisiones que ha tomado AMLO, esta me parece una pésima idea.
¿Cuánto debe costar la democracia y la garantía de derechos? Los órganos autónomos cumplen funciones de Estado. Son espacios que están o deben estar fuera de la incidencia de los poderes tradicionales y de los gobiernos. Por estructura y por ubicación la Secretaría de la Función Pública es incapaz de garantizar el derecho a la información. “Entre 2019 y 2020, las dependencias federales han negado en 24 mil 854 ocasiones la entrega de documentos de interés público”. (EL UNIVERSAL, 10/1/2021). La autonomía de los órganos como el IFE y el Inai garantizan derechos ciudadanos, igual pasa con la CNDH, que cumple una función que no puede hacer la Secretaría de gobernación. No veo a la Secretaría de la Defensa como instancia que defienda los derechos humanos.
No me opongo a un Estado más austero y con más racionalidad en el gasto; tampoco a una buena política para combatir la corrupción. Me parece justa la preocupación para combatir la pobreza y la desigualdad. Estoy de acuerdo con terminar lujos y excesos en la administración pública, incluyendo a los órganos autónomos. Sin embargo, en todos esas operaciones y recortes ha dominado la idea de tirar al niño con el agua sucia. Me opongo a la concentración de poder del presidente; me opongo a que se reviertan derechos ciudadanos. AMLO alienta el debate sobre estos recortes y reformas, pero al final, el resultado es como si no se hubiera dado ninguno. La maquinaria legislativa morenista hace lo que le ordenan desde Palacio Nacional.
Esta decisión de AMLO es completamente equivocada. Estas reformas necesitan cambios constitucionales, esperemos que las oposiciones hagan lo necesario para impedir esta regresión…
Investigador del CIESAS.
@AzizNassif
