¿Cuánto será el temor que acosa al inquilino de Palacio Nacional que se ha puesto como objetivo central joder al INE? ¿Sabe que por la misma institución que subió al poder puede bajar y por eso su obsesión por desaparecer uno de los organismos en el que más confían las y los mexicanos? Porque en pocas, poquísimas palabras, el objetivo es claro: destruir, finiquitar, derruir, la joven democracia mexicana.
No van contra la burocracia dorada; en realidad, como en muchas otras áreas, la evidencia de que los pobres son su asidero electoral se repite. El magma mismo de la destrucción es dejar sin empleo a más de 5000 trabajadores del Servicio Profesional de Carrera, quienes en el día a día hacen posible la capacitación de funcionarios, credencialización, preparación e instalación de casillas…la elección toda, pues.
En la inconstitucional arremetida de los legisladores entrenados como corifeos presidenciales, el jefe del ejecutivo elimina el Programa de Resultados Preliminares (PREP) que por transparente y certero, entre otras cosas, evita conflictos post electorales, es decir, que mexicanos nos matemos por una elección, como era antes de la existencia del padre del INE, el IFE.
Otra “joya” es que en lugar de incentivar la participación ciudadana, se disminuye entre el 10 y el 13 porciento la lista nominal por sección. ¡Ah! Pero eso sí, a la vez que elimina a ciudadanos libres, pretende garantizar el derecho al voto de personas en prisión preventiva.
Y hablando de encarcelados y castigos, legaliza la inequidad al permitir a funcionarios públicos difundir acciones de gobierno, le prohíbe al árbitro quitar candidaturas ante faltas graves, facultad que impidió que un violador fuera gobernador en Guerrero, por ejemplo, y limita las facultades para sancionar actos anticipados de campaña; todo para dar paso a sus corcholatas, permitiéndoles el uso de recursos públicos para promocionarse, esos que son de todos los mexicanos, no solo de quienes votan por el partido gobernante.
Uno de los principales retrocesos es la garantía paritaria no solo en cantidad sino en calidad pues vuelve a abrir la puerta para que las candidaturas femeninas se otorguen en escenarios de derrota electoral antes que en los de alta y media competitividad.
Por andarse sirviendo ya no con cuchara sino con cucharón, pretendían una cláusula para pasarle unos votitos a sus partiditos aliados a fin de que si no lograban los votos requeridos para subsistir, papá Morena los cobijara bajo la enagua. Esta cláusula y el repudio social que generó, tienen ahora a las y los senadores en la obligación de sesionar para quitarla del paquete, de no ser así, ya estaría el ignominioso plan en decisión de la Suprema Corte de Justicia.
La Constitución indica que, para que el Plan B tenga vigencia, debe estar libre de impugnaciones sin resolver 90 días antes del proceso electoral, es decir, en venidero junio.
¿Será posible que México viva semejante retroceso? Depende en primera instancia del legislativo a través del Senado y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cada vez más en la persona de su presidenta, Norma Piña, da muestra de soberanía democrática e independencia; y, en segunda, de las y los ciudadanos mexicanos.
En palabras de Lorenzo Córdova, el injusta y violentamente vilipendiado presidente del Consejo General del INE, “la apatía ciudadana es el terreno fértil en el que germinan los autoritarismos y las regresiones democráticas”.
Cualquier ciudadano o agrupación civil, partido o agrupación política tiene derecho de impugnar este Frankestein, acudir a la marcha ciudadana convocada para el 26 de febrero y levantar la voz para defender nuestra libertad. No, presidente, no le vamos a permitir que joda al INE.
