Que nadie podía predecir un huracán con la fuerza que alcanzó Otis, se dice. Que Acapulco, ahora devastado, era nuestro paraíso, se recuerda con nostalgia. Que la solidaridad característica de la sociedad civil mexicana devolverá al puerto su dignidad y su belleza, dicen voces optimistas. Me pregunto: ¿Y la información acerca del cambio climático y el calentamiento global no estaba ahí? ¿Y la violencia del crimen organizado no nos había ya robado el “paraíso”? ¿Alcanza la generosidad espontánea de la gente o se necesita una responsabilidad socioambiental de largo aliento?
En el otoño de 2013 los huracanes Ingrid y Manuel dejaron en las costas del Pacífico mexicano 500 mil damnificados (200 mil en Guerrero) y pusieron en evidencia, junto con la pobreza, nuestra vulnerabilidad ante los estragos del cambio climático. Ya se advertía la urgencia de mecanismos de prevención y sistemas de alerta temprana. Sabíamos que las tormentas, sequías e incendios forestales serían más frecuentes y que la temperatura de los océanos iba en aumento. Que tendría que reducirse la emisión de gases de efecto invernadero, generar energías renovables y cumplir con medidas de mitigación y adaptación ante nuevas realidades planetarias.
Desde 2019 el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático/Semarnat) ubica a Guerrero en la categoría de “alta vulnerabilidad”, por su ubicación geográfica, pero también por sus niveles de pobreza.
El 30% de los ciclones formados en este país en los últimos 20 años han alcanzado la categoría de huracán. El 41% del territorio mexicano está expuesto a los impactos del cambio climático y hay 27 millones de habitantes en zonas de alto riesgo relacionadas a eventos como ciclones, sequías, deslaves e inundaciones. Los 11 mil kilómetros de litoral y su ubicación geográfica hacen de México uno de los cuatro países con mayor exposición a ciclones. Sus zonas costeras albergan 44% de la población equivalente a 52 millones de habitantes. La población en condiciones de pobreza no sólo es más sensible a fenómenos como huracanes y ciclones sino también cuenta con menos capacidades de recuperación.
Esa información, accesible en línea, forma parte del proyecto EcoValor Mx que financió Giz-Cooperación Alemana al Desarrollo, con el fin de visibilizar la contribución de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y sus servicios ecosistémicos, tan poco prioritarios a la hora de los diseños presupuestales. La eliminación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y la desaparición, por decreto, del Fondo para el Cambio Climático, son solo algunos ejemplos en este sexenio.
Si las pérdidas anuales en el país, por lluvias, vientos y mareas ocasionadas por ciclones se estiman en 13 mil millones de pesos, la conservación de ecosistemas como manglares, dunas y arrecifes de coral, barreras naturales de amortiguamiento de impactos provocados por ciclones, es una estrategia rentable. El valor de la protección que brinda, según EcoValor MX, es de 25 mil 500 millones de pesos. Cuando en 2015 el huracán Patricia, de categoría 5, tocó tierra en la Reserva de Marismas Nacionales, en Nayarit, los manglares evitaron una devastación como la de Otis en el Acapulco deforestado y sin dunas. Según CONABIO, el estado de Guerrero pasó de 16 mil 348 hectáreas de mangle en 1979, a 7 mil 730 en 2020.
Otis ha de convencernos: la naturaleza no es la enemiga, sino la mejor aliada contra fenómenos derivados del cambio climático. Pero hay que asumir la responsabilidad.