Falsas fueron las muchas promesas que el hoy presidente de México hizo para llegar al poder, entre ellas, la que garantizaría la defensa a la libertad de expresión y aseguraría la integridad del gremio periodístico. Es cierto que este sector siempre ha estado en peligro, pues sus relatos, en cualquiera de los géneros periodísticos, contienen denuncias sobre los abusos de la autoridad, informan sobre atrocidades de grupos criminales o expresan una opinión diferente de las autoridades en turno, entre muchas cosas, pero como nunca, en este sexenio, las cifras son escalofriantes, ya que han asesinado a más de 50 periodistas y la constante es la misma: la indiferencia y la impunidad, que no han abonado a esclarecer los hechos.
Sin duda, el ejercicio periodístico cobra relevancia, porque ante la gravedad de los hechos, pareciera que nos estamos trasladando a los años 80 y revivimos la trágica historia de la muerte de Manuel Buendía.
No ha terminado el mes de enero y la sociedad toda está conmocionada por el asesinato de tres periodistas. Se respira indignación e impotencia, porque fue pública su solicitud de protección al gobierno federal. Según la página del gobierno de López Obrador, desde la Secretaría de Gobernación se señala que "Desde el inicio de esta administración el Gobierno de México ha fortalecido el mecanismo a fin de generar más cobertura y atención a esta problemática… en los años 2019 y 2020 se destinaron 783 millones de pesos, mientras que en este año se aprobó un presupuesto de 227.6 millones de pesos y se solicitó una ampliación de 189 millones de pesos, lo cual daría un presupuesto total para 2021 de 416.6 millones de pesos”.
Nada más grave que la ineficiencia ante la falta de un programa claro y específico para defender la vida de los periodistas. De nada sirve inyectar recursos si no hay voluntad política para protegerlos y la situación se ha agravado. Sin mecanismo no hay libertad.
El llamado de auxilio en las conferencias matutinas de al menos 3 periodistas que temían por su vida, no sólo fue ignorados, ha sido por el propio presidente en el mismo espacio, quien no pierde la oportunidad de victimizarse y señalar que la responsabilidad era de los gobiernos locales. ¡Lamentable que él sólo sepa repartir culpas y justificar inacciones! Como en todos los casos, el atacado es él y los demás no importan.
Después de tres años y desde esta trinchera, seguimos preguntándole en qué momento tomará en serio su responsabilidad y cuántas vidas más deben perderse, porque todo parece indicar que no entiende la gravedad de mancillar la libertad de expresión y el derecho de los mexicanos a estar informados. Y mientras los periodistas reciben las balas, los criminales siguen cobijándose bajo los abrazos de la impunidad.
Es muy clara la línea del gobierno: intimidar, señalar, perseguir y descalificar a aquellos que disienten y no se ajustan a la narrativa de las conferencias matutinas. Desde ese escenario se ha sembrado el odio al trabajo periodístico y ha sido una de las plataformas más peligrosas que se ha utilizado para que las personas sean blanco de ataques.
Hoy, como nunca, ha sido directo y constante el ataque a los medios de comunicación y al periodismo profesional. Hoy, como nunca, es inexistente el mecanismo de protección a periodistas. Hoy, como nunca, no hay respeto ni a sus vidas, ni a sus libertades. Vaya paradoja que quien debiera garantizarles su seguridad es precisamente quien los difama.
Si a eso le añadimos la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la censura e intimidación se ha intensificado. Los incentivos que ha planteado el gobierno federal para callar las voces de la prensa crítica son cada vez mayores. Si no hacemos algo al respecto, nos espera la cancelación de programas, el miedo a decir la verdad, la polarización como instrumento, en pocas palabras, el camino a la dictadura.
Tal parece que la guillotina de la indiferencia, la omisión y la excusa no sólo la han padecido los periodistas. Muchos sectores vulnerables tenían la esperanza de un cambio radical a partir de julio de 2018. Para su desgracia, esa transformación se ha dado de manera negativa, porque a la luz de los números, las condiciones y la calidad de vida, lejos de mejorar, han empeorado.
En un acto de congruencia y honestidad -así como edita a modo los dichos de los periodistas- debería recuperar los videos en los que como candidato, prometió que de ganar, no se afectaría la libertad de expresión ni se intimidaría ni perseguiría a periodistas, y que el Estado mexicano haría todo para salvaguardar lo más importante: su vida. No es lo mismo prometer que actuar.
