Característica del gobierno morenista, desde el inicio de sus responsabilidades hace casi dos años y que ha sido evidente en los últimos 15 días, es la incapacidad de mantener diálogo alguno con los diferentes interlocutores que conforman la sociedad, así como la imperiosa necesidad de que instrucciones, órdenes y mandatos emanados desde el púlpito presidencial sean ejecutados sin condicionante alguna.

"No pago para que me peguen”

José López Portillo. 1982

Para muestra de esta cerrazón a todo lo que atente contra el "proyecto" de Nación, como lo llama el Ejecutivo, hay hechos graves que son muestra indeleble de soberbia, autoritarismo, enfrentamiento, injerencia indebida, simulación y desdén por las instituciones. En particular, tres eventos recientes dan cuenta de la lógica del 'sin diálogo' del gobierno.

La relación con los periodistas es una clara muestra de poder autoritario que solo deja dos caminos: o estás con el presidente o estás contra él. Al habitante de Palacio le gustan los aplausos, las adulaciones, la lambisconería, y solo hay posibilidad de diálogo con quienes recurren a estos métodos de complacencia. Pero para quienes critican, señalan los hierros, cuestionan decisiones, solo hay insulto, descalificación, agresión; se pretende usar el poder para someter y acallar a los discordantes; hay cero tolerancia al pensamiento crítico y a la pluralidad. Ha regresado la desterrada práctica del "no pago para que me peguen", porque el fin último es tener un país unipersonal.

No se puede dejar de mencionar el reciente rompimiento de 10 mandatarios estatales con la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO), por cierto creada en el 2002, porque con esta administración perdió su esencia de ser un espacio abierto entre las entidades federativas y la Federación, con el único objetivo de buscar la mejor forma de llevar a cabo políticas públicas de bien común. Este espíritu se perdió con la continua amenaza que se hace desde el púlpito presidencial al condicionar cualquier posibilidad de colaboración entre los poderes federal y estatales, y caer en la simulación de que el presidente escucha cuando lo que en realidad hace es romper toda posibilidad de diálogo. Este acontecimiento es el inicio del surgimiento de movimientos que exigirán un nuevo pacto fiscal.

Referencia obligada es la situación de las víctimas de este país, las cuales se convirtieron en bandera electoral del candidato López Obrador, a quienes prometió hacer justicia que reclamaron por muchos años, y sin embargo, hoy ya desde la presidencia de la República, han sido desechadas y desconocidas. La falta de diálogo ha dado lugar a la anarquía de muchas, que sumada a la imposición de una presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que no cumplió con el mínimo de requisitos democráticos para llegar al cargo y que de paso, no tiene ni la más mínima intención de representar a las víctimas, que padecen su indiferencia y su ineficiencia; hoy hace que la impunidad fomente el hacer justicia por propia mano.

Vivimos no sólo la tiranía de un solo hombre, sino la de una mayoría que se mueve a su compás, convencida de que es urgente imponer sus ideas sobre todas y todos aquellos que no acompañamos ni postulados ni acciones ni narrativa gubernamental. Todos ellos buscan aplastar derechos como si fuera su derecho, sin importar a quiénes ni cómo se afectan; acusan al pasado de sus errores y deficiencias; desprecian los equilibrios y contrapesos, y pretenden eliminar las críticas contrarias a sus procedimientos antidemocráticos. Más aún, se constituyen como los emisarios que juraron combatir prácticas del ayer y hoy aplauden a rabiar la sinrazón de quien asegura encarnar "la salvación nacional" y ser el faro para encontrar la "felicidad del pueblo".

De ese tamaño es la arrogancia del poder morenista, que desdeña y anula toda forma de diálogo y retoma, con perversos y más amplios fines, aquella máxima del poder presidencial de la década de los ochenta del siglo pasado.

Diputada federal

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