A un mes de trabajo de la naciente LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, preocupan las definiciones de las prioridades y los objetivos de cada grupo parlamentario, de cada alianza, para enfrentar los graves problemas y retos nacionales. Sin duda alguna, estamos ante la expectativa de observar cómo beneficiarán -o dañarán- a cada partido político, sea el oficial o el de la oposición, sus estrategias en los trabajos legislativos.
Adriana Dávila Fernández
Activista.
Será en los hechos, al momento de votar los distintos dictámenes, en donde se acreditará el grado de compromiso político de los que se aliaron para mantener un fuerte bloque opositor (PAN, PRI, PRD), que a pesar de pretender ser un muro de hierro, hoy se enfrenta a la fragilidad interna del tricolor, que se debate entre hacer lo correcto, para avanzar y poner un alto a las arbitrariedades, ocurrencias y abusos presidenciales, o entregar sus sufragios por miedo a las amenazas desde el poder. En nada sorprenden sus pretextos para dar la vuelta a su responsabilidad parlamentaria, pero sobre todo, a la responsabilidad que tiene con el desarrollo económico, político y social en beneficio de los mexicanos.
Al parecer, el primer ejercicio de contención para generar los contrapesos indispensables en una democracia, ha fracasado. Reflejo de ello es el reparto y la negociación para conformar las comisiones legislativas. No es entendible cómo ni por qué Acción Nacional, al ser la primera minoría, ha concedido espacios parlamentarios que restan fuerza a su voz opositora.
Cedió la Comisión de Hacienda al Partido Verde, "converso" ahora aliado morenista, a cambio del Comité de Administración de la Cámara de Diputados. ¿Realmente es más útil proteger los recursos de este órgano que mantener la comisión encargada de vigilar en qué se va a gastar el dinero de los mexicanos? Es preocupante la facilidad con la que se perdió el foco en lo relevante para el ejercicio partidista, en la construcción de un sólido bloque de contención que permita trazar la ruta para cambiar el gobierno en 2024.
Por si fuera poco, en manos de Morena quedaron las comisiones de Puntos Constitucionales, la de Seguridad Ciudadana y la de Energía, que tienen el mandato presidencial de "sacar", al costo que sea, tres reformas constitucionales en esta segunda etapa de gobierno: la electoral, la eléctrica y la de la Guardia Nacional (que de antemano ya cuentan con el aval de la Comisión de Puntos Constitucionales), además de la recién creada Comisión de Reforma Político-Electoral, que buscará minar las facultades de las instituciones encargadas de organizar y juzgar los procesos electorales.
Ceder espacios al poder público no es restar fuerza al presidencialismo autoritario que hoy abruma la vida nacional. Es cerrar los ojos y propiciar un futuro que dejará dividendos para unos cuantos, pero que traerá lamentables consecuencias para el grueso de la población y, lo más preocupante, para las instituciones. Que no haya ilusos para que no haya desilusionados.
El dique de contención que tanto se ha mencionado demanda el elemental compromiso con la agenda conjunta de las fuerzas políticas integrantes. Esa debe ser la congruente exigencia. Ni unos ni otros están en el papel de rogar el cumplimiento de la palabra empeñada o de justificar coqueteos políticos ante las presiones de cualquier índole. Eso sólo confirmaría que el "gran vencedor" de la alianza electoral, léase el PAN, en realidad solo sirvió para la rehabilitación de los otros dos grupos políticos.
Es fundamental que Acción Nacional entienda y asuma el papel histórico que le toca. Si no recupera su peso político, no tendrá la confianza ciudadana, ni la fuerza suficiente para hacer valer la garantía de una coalición que debe hacer frente a este gobierno, como un bloque opositor responsable y congruente.
Nuestras trincheras políticas tienen que fortalecer el plan maestro que defienda, desde todos los frentes posibles, las causas que comprometan la estabilidad, seguridad y las instituciones de México.
