Las barreras, obstáculos y costos políticos que tenemos que enfrentar las mujeres para desarrollar capacidades, habilidades, estrategias y formas específicas de actuar en el ejercicio público, son múltiples y constantes.

Es destacable el paso fundamental que el Congreso de la Unión dio en 2019 y 2020 en materia de paridad total y en contra de la violencia política, porque legisló para que mujeres y hombres sean pares en el espacio público. Sin embargo, todavía existen resistencias y simulaciones en el cumplimiento normativo de los partidos políticos.

Baste revisar lo insuficiente que ha resultado ser la Legislatura de "la paridad de género", pues no se ha tenido ni la congruencia ni la voluntad política para el cumplimiento del espíritu de la ley.

Pero además de las resistencias masculinas a aceptar el desarrollo y la autonomía de las mujeres, está el propio patrón de sumisión de muchas funcionarias públicas que han optado por guardar silencio ante lo que -en la propia construcción de sus trayectorias-, consideraban atropellos a derechos y libertades. Han preferido desviar la mirada ante lo que señalaban como ilícitos y hoy defienden lo indefendible. Creer que el lugar se lo deben a un varón anula su propia esencia. Es lamentable reconocer que ellas no han marcado una diferencia sustancial en el ejercicio público, a pesar de tener la oportunidad de tomar decisiones a favor de las y los mexicanos.

A estas alturas, vale la pena preguntarnos si alcanzaremos la llamada “paridad total” en la postulación a todos los cargos de elección popular, incluidas las gubernaturas, para el proceso electoral del 2021. Probablemente la respuesta sea afirmativa, si la autoridad electoral hace de este criterio un requisito obligatorio que deben cumplir los partidos políticos para garantizar que de las 15 gubernaturas se postulen 8 mujeres y 7 hombres.

Parece que solo la obligatoriedad de este supuesto podría hacer realidad esta posibilidad, tal y como ha sido el avance histórico de la inclusión de las mujeres en la política a través de cuotas de género, única manera en la que hemos podido ganar espacios para demostrar que al gobernar con rostro de mujer, podemos hacer las cosas de manera diferente.

Si se logra la postulación de estos espacios para ocho mujeres, será también gracias a la sentencia del Tribunal Electoral, como respuesta al recurso interpuesto por una mujer aspirante al gobierno de Michoacán, acompañada de organizaciones de la sociedad civil, para que el INE dictara criterios que garantizaran "el principio de paridad en la postulación de las candidaturas a las gubernaturas”.

¿Paridad para qué? Las mujeres peleamos nuestro derecho a la paridad para lograr la igualdad. Muchas y de distintas generaciones hemos trabajado para lograr mejores condiciones en nuestra vida pública y en nuestra vida cotidiana. La paridad no debe concebirse solo como una exigencia en la letra, sino como una acción afirmativa para participar en la toma de decisiones sin que nuestra posición se cuestione. Los espacios conseguidos bajo estas nuevas reglas no deben ser considerados como premios a la obediencia masculina. No podemos permitir caer en la tentación de caer en la pérdida de identidad o en la indebida creencia de vivir bajo tutela varonil en el desempeño de la responsabilidad.

Las mujeres en el ejercicio público hemos dado la batalla permanente para ser tomadas en cuenta en todos los ámbitos: laborales, profesionales, deportivos, culturales. No veo qué impida que transitemos al espacio de las decisiones que impactan en la búsqueda del bien común. De poco sirve que se mencione y festine la igualdad legal entre géneros, cuando en la práctica no se abona a la misma. Tenemos que insistir en el cumplimiento de la ley, sin simulaciones o justificaciones que inhiban candidaturas para mujeres.

No tengo duda que debemos apostar por igualdad de condiciones para las mujeres que quieren encabezar los gobiernos estatales. Claro que queremos y necesitamos más mujeres en puestos estratégicos, pero las queremos autónomas, independientes, dispuestas a correr el riesgo.

Diputada federal

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