La semana pasada, ante los constantes atropellos a sus pares y a la normatividad interna, cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidieron destituir al magistrado presidente José Luis Vargas, también señalado por actos de corrupción y por poner en entredicho a la propia institución, e hicieron pública su inconformidad, después de hacer reiterados señalamientos en privado al magistrado sobre su actuación personal y profesional.
Dicho magistrado, en defensa propia, consideró ilegal el procedimiento y exhortó a dirimir las controversias internas en una sesión privada. Argumentó que la única forma de separarse del cargo era con su renuncia -lo cual no estaba en sus planes- y anunció, queriendo hacer valer lo que a su parecer era el respaldo del gobierno, que llevaría el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ahí se definiera quién debía presidir dicho órgano.
En el fondo, el problema principal radica en que no se reconoce que para presidir un órgano colegiado se debe contar con el aval de la mayoría de sus integrantes, pues de lo contrario se cae en la imposición autoritaria y antidemocrática, y tampoco se debe olvidar lo importante que es la probidad que obliga el desempeño de todo cargo público.
Esta crisis en el máximo órgano de deliberación de controversias electorales evidencia la permanente estrategia de destrucción institucional de Palacio Nacional. ¿A honras de qué y con qué calidad moral el presidente pide la renuncia de todos los magistrados, para minar las facultades de este órgano en nombre de la democracia, de la limpieza institucional y por supuesto, de lo que anhela el pueblo, cuando en realidad lo que busca es colapsar los contrapesos? ¿Por qué insiste en su indebida injerencia, cuando ha sido recurrente su tolerancia y cobijo a muchos funcionarios señalados por actos ilícitos?
Este hecho ejemplifica cómo esta administración se congratula con las instituciones cuando las resoluciones le favorecen, como fue la negación del Tribunal al registro de México Libre como partido político, y cómo las denosta cuando no le son favorables, como pasó con la negación de la candidatura al gobierno de Guerrero, justificada en faltas administrativas más que en las carpetas de investigación en contra del candidato.
No nos engañemos, el anhelo presidencial es integrar al Tribunal Electoral a su colección de floreros. En eso ha consistido su transformación institucional, en tener instituciones a modo para centralizar el poder, olvidándose de velar por el cumplimiento del orden constitucional, por el respeto a las facultades y atribuciones de cada Poder de la Unión.
Desde diciembre de 2018 ha sido constante el empeño por acabar, primero, con la división de poderes, asumiéndose como representante no solo del poder Ejecutivo, sino también del Legislativo y del Judicial, y no solo eso, pues ha tenido en la mira acabar con los contrapesos de los órganos autónomos que no le favorecen.
Bajo el manto de impunidad o el pago de favores -aunque lo niegue categóricamente- se ha rodeado de colaboradores sumisos -y agregaría omisos- que ceden y conceden sus caprichos.
Entender el momento de arrebatos presidenciales en el que vivimos nos debe llevar a la exigencia de hacer cumplir la ley y mantener la autonomía e independencia de todas las instituciones, incluidas las que tienen la responsabilidad de impartir justicia electoral. Inquietan los cambios a modo que pudieran darse en el Tribunal, porque es mucho lo que está en juego en las elecciones que vienen y no es conveniente el debilitamiento institucional.
Defender a los organismos autónomos y la división de poderes requiere de partidos políticos fuertes, con dirigencias electas de manera democrática para actuar en congruencia con lo que exigimos del titular del Ejecutivo Federal. No podemos pedir hacia afuera, lo que somos incapaces de ofrecer en nuestros propios institutos políticos.
Mi solidaridad con todo el gremio periodístico, y en estos momentos con Azucena Uresti, por el constante acoso desde el poder público y ahora intimidado por el crimen organizado.
