Lo que vivimos el pasado domingo en la concentración del zócalo capitalino, además de las que se dieron en más de 100 ciudades de la República Mexicana y a nivel internacional, es una clara evidencia de lo mucho que las y los mexicanos valoramos y respetamos al órgano autónomo que durante años ha garantizado la democracia en este país, bajo los principios rectores de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad: el Instituto Nacional Electoral, INE.
Hubo plural alegría entre los asistentes, familias, amigos, grupos de activistas, camaradería fraterna que acudió de forma voluntaria a la defensa de su INE.
Este acto, junto con la marcha del 13 de noviembre del año pasado, refuerza los motivos por los cuales este diseño institucional ha sido eficaz -que como todo, puede ser perfectible-: ha permitido elecciones pacíficas; ha garantizado el respeto a nuestro derecho al sufragio; ha contado con funcionarios de casilla, ciudadanas y ciudadanos libres que cuentan votos; ha emitido una credencial confiable que, además de servir para votar, es una identificación oficial con altas medidas de seguridad que incluye nombre, dirección, fotografía, firma y huella -datos personales que por cierto están bajo buen resguardo y lejos de las manos del gobierno-; ha tenido personal capacitado que atiende los módulos de atención ciudadana, visita secciones electorales, efectúa jornadas de educación cívica, apoya a los institutos electorales locales -previo convenio- en sus actividades, entre otras muchas cosas más.
Lo que refleja esta manifestación es que el electorado sabe la importancia de tener un árbitro electoral que aplica las reglas; no hay queja y por eso sale a defenderlo, sin violencia pero con decisión y, a su vez, se pone la camiseta rosa, consciente de que el INE vale mucho más de lo que se dice en Palacio Nacional que cuesta y del grave peligro en el que está nuestra democracia.
Ante los oídos sordos de la mayoría legislativa y sus aliados a los reclamos ciudadanos para evitar la desaparición del INE -mayoría que ha demostrado poca sensibilidad y no ser demócrata-, ahora el llamado concreto fue a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que apliquen el orden constitucional los ministros y las ministras (no incluida la indecente e inmoral persona que usurpa el cargo, en medio del escándalo de plagios intelectuales) y no dejen espacio ni para la regresión electoral ni al autoritarismo manipulador de quien propuso una lamentable y regresiva reforma electoral y de sus fieles legisladores serviles que la aprobaron. La exigencia es para no dejarse presionar por la práctica intimidatoria y de descalificación que tanto usa el tabasqueño, que aplica por igual a todo pensamiento crítico a su gobierno.
¡Y como era de esperarse, los dardos de desacreditaciones no solo fueron para los ministros! Ahora resulta que quienes nos manifestamos lo hicimos porque estamos en contra de la democracia y a favor de los privilegios. Nada más alejado de la realidad, pues precisamente es el gobierno el que pretende quedarse con sus privilegios, favoreciendo a sus precandidatos para que puedan visitar todos los estados -quién sabe cargado a qué presupuesto-. Y lo peor es que este gobierno que se dice demócrata ha sido y es incapaz de escuchar el fuerte reclamo social en contra de la imposición.
Nos queda claro que los afines a este gobierno no entienden razones y no son capaces de argumentar. Cada vez que se ven confrontados por la realidad de inconformidad e indignación ciudadana, caen en lugares comunes como parte de su narrativa y lo peor, en un revanchismo infantil. Si llenamos el zócalo, no importa, ellos lo llenaron más veces, si logramos buena convocatoria, ellos adelantan lo que pasará el 18 de marzo y lo que es peor, no se cansan de atropellar las normas. ¡Cuándo se había visto el zócalo sin la bandera, como si ese símbolo fuera propiedad única de la transformación!
Por desgracia, el éxito de esta manifestación no garantiza, en términos reales, que será desechada la reforma. Sí, tenemos confianza en la sensatez jurídica de los integrantes de la Corte, aunque también estamos conscientes de las acciones de presión desde el Ejecutivo una vez que se publique el plan B. Hay que hacer eco en parte del discurso del ministro en retiro José Ramón Cossío, desde la plaza de la Constitución: “Queremos decirles, teniendo frente a nuestros ojos el edificio en el que laboran, que confiamos en ustedes, en su talante democrático y en su capacidad para comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país. […] Los ministros, estoy seguro, sabrán cumplir con el papel que la Constitución les impone. El resto es tarea de nosotros y solo de nosotros”.
La batalla no será sencilla. Debemos organizarnos.
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