Sentencia tiene ya la Auditoría Superior de la Federación sólo por hacer el trabajo al que está obligado, que no es precisamente endulzar los oídos y complacer a los gobiernos en turno, sino más bien señalar y prevenir prácticas irregulares de todas las entidades que ejercen recursos públicos federales. Su labor es apartidista, independiente, no subordinada a quien audita.
El Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 reportó anomalías por 67 mil 500 millones de pesos. Se detectaron errores en la compra de medicamentos e inconsistencias en la compra de pipas para transportar gasolina durante la crisis de abastecimiento; poco más de 331 mil millones de pesos fue lo que supuestamente costó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM); se cuestiona -como lo han señalado diversos especialistas- la viabilidad del aeropuerto Santa Lucía (se pidió a Sedena actualizar el proyecto de inversión) y la rentabilidad del Tren Maya (que sobreestimó Fonatur); y sobre la refinería Dos Bocas, se encontraron diferencias entre lo pagado y lo realmente ejecutado (pagos fuera de norma).
El programa estrella de este gobierno “Jóvenes Construyendo Futuro” está plagado de irregularidades financieras, sobrecostos y opacidad, además de aviadores, estudiantes y hasta fallecidos; becas duplicadas, beneficiarios que no se pudieron validar, centros de trabajo inexistentes, algunos de los cuales no se puede determinar la supuesta capacitación que deben llevar a cabo. Y en cuanto a los microcréditos al bienestar, se sabe que solo el 22% de los destinatarios los han recibido.
Y bueno, qué decir sobre el desempeño de la Secretaría de la Función Pública, además de su resistencia y rechazo a la fiscalización que, según el informe, es una “actitud incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades”. ¿Las dependencias creadas para vigilar el cumplimiento de funciones no deben ser algo más que pantallas para legitimar prácticas que tanto han sido señaladas como males del pasado corrupto?.
Corrupción, deterioro económico, ineficiencia y falta de política pública han salido a flote y como el mandatario nunca ha aceptado la crítica, reaccionó de la única manera predecible: arremeter contra el auditor y afirmar que no debe darse mala información a sus adversarios y que no deben prestarse a esas campañas para desprestigiarlo, porque él tiene otros datos.
Para el presidente no es grave la cantidad de muertos, ni la pérdida de empleos o el que tenga en su Palacio una cueva de ladrones del erario público, como tampoco le es grave presentar candidatos indeseables que abanderen su movimiento, ni mucho menos que no hayan llegado las vacunas. Lo único que le importa es que no le den argumentos a sus adversarios, porque se cree el único salvador de la patria.
Una palabra del domador de Palacio Nacional bastará para afianzar el régimen autoritario del patriarca y hacer que el señalado se arrepienta. Se ha doblado al auditor, que ahora se retracta, por si hay errores que deban corregirse y aclararse, y porque resulta que siempre no tuvo mayores problemas con la SFP.
Alarma que un nuevo regaño se convierta en un constante sometimiento de la mayoría legislativa, al Poder Judicial y ahora al responsable de auditar el uso y destino del dinero público. Desde la aberrante imposición de ideas en las conferencias matutinas, lanza amenazas veladas a funcionarios públicos, como esas que ya se hicieron costumbre. Hay que recordar que en septiembre de 2019 amenazó con enviar una iniciativa de reforma para modificar el artículo 35, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaraba inconstitucional su consulta popular para enjuiciar a ex mandatarios, como si se tratara del “domador de un circo”.
Los temas públicos, de interés y afectación común, en un país que se precie de ser democrático, deben ser discutidos con argumentos técnicos y jurídicos, con responsabilidad en la búsqueda del bien superior.
Diputada federal
