El pasado 18 de agosto, el gobierno de la República, a través de Alejandro Encinas, dio su informe final sobre uno de los temas más controversiales y trágicos del México moderno: el asesinato de 43 jóvenes normalistas de la normal rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, entre los cuales se encontraba un paisano tlaxcalteca.
Desde el momento en que este hecho se dio a conocer a la opinión pública, una frase marcó el camino y el destino del entonces grupo del poder encabezado por Enrique Peña Nieto: “fue el Estado”. Esa narrativa estuvo vigente durante los siguientes cuatro años, por grupos que legítimamente pedían justicia y por carroñeros políticos que lucraron con el dolor de las familias con el solo propósito de hacerse de la Presidencia de la República en el 2018, por cierto, no es la única causa con la que Andrés Manuel López Obrador y sus contadores de historias han sacado provecho a lo largo de su camino.
El subsecretario de Derechos Humanos cerró la investigación y se reconozca o no, poco tiene que aportar a lo que se dijo por el gobierno peñista. Pasaron de “la verdad histórica” a la “histérica verdad del inquilino de Palacio Nacional” mientras el país está en llamas.
Enumeremos las cosas que se dijeron entonces y las que se dicen ahora:
1. En ambos informes, se reconoce la participación de dos cárteles de las drogas, “Los Rojos” y “Guerreros Unidos”, ante los cuales efectivamente el gobierno federal fue omiso para combatirlos y detenerlos -como lo es el actual gobierno-; según versiones públicas, uno de ellos usaba a los normalistas como grupo de choque y del otro fue miembro el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda (apoyados por López Obradror para llegar al cargo).
Pero nadie se acuerda de los jóvenes heridos y asesinados del equipo de futbol “los avispones de Chilpancingo”, que al confundirlos con los normalistas fueron emboscados, lo cual causó la muerte a uno de ellos, al chofer del autobús y a una taxista que se “encontró en el momento y en el lugar equivocados”. También está arrinconado en la historia de Ayotzinapa, el trabajador de la gasolinería que tres años antes, por salvar la vida a otros, murió calcinado en su lugar de trabajo, cuando unos 500 jóvenes de la normal habían bloqueado la Autopista del Sol, como era lamentablemente común en esa zona del país.
2. En los dos informes también se habla de la participación y complicidad de policías estatales y municipales con los miembros de esos grupos delincuenciales para llevar a cabo esos asesinatos.
3. En dichos documentos se acepta que los jóvenes murieron en el transcurso de esas horas terribles. Más allá de que fueran o no incinerados en el basurero de Cocula, el actual gobierno mantuvo vigente la premisa “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, a sabiendas que ya se tenía la certeza de su muerte.
4. Para 2015, había 111 detenidos por el ataque normalista, de los cuales se dio a conocer la identidad de 78 y de los 33 restantes, no se dio su nombre, pero de acuerdo con los informes de ese tiempo, eran personas ligadas al grupo delictivo “Guerreros Unidos”.
5. En el 2019, un reconocido periodista hizo públicos los videos de la infiltración de un militar en la normal de Ayotzinapa -quien también fue asesinado -, según un informe, realizaba trabajos de inteligencia para el Ejército.
A la luz de los datos oficiales de ambos reportes, lo que Alejandro Encinas hizo la semana pasada fue finalizar una historia, poniendo una lápida sobre el ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam: “fue el Estado
En su detención y ante las palabras del personal de la maltrecha Fiscalía General de la República que balbucearon un “es penoso”, la respuesta del imputado fue implacable: “no es penoso, es político”.
López Obrador sabe que de ser un asunto de Estado, quienes debieran ser aprehendidos serían Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre y el actual titular de la Secretaría de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. Sin embargo el presidente, como acostumbra, construyó su propia historia y convirtió la justicia en simple venganza. Nadie niega las omisiones por las cuales deben ser juzgadas y sancionadas las autoridades de los tres órdenes de gobierno -entre ellos el ahora detenido-, pero lo cierto es que en el montaje de esta nueva historia, se han liberado más de 53 detenidos, la mayor parte de ellos miembros del cártel responsable de la ejecución de los normalistas.
Después de 2,883 días y sus noches, la realidad cuenta que los abrazos fueron para los narcocriminales, los balazos para los jóvenes y las víctimas olvidadas y la presión política para los priístas, porque el presidente necesita contar esta historia previo a elecciones de 2023 y 2024 pero, especialmente, necesita invisibilizar que el país se le cae a pedazos.
