Durante estas campañas a la presidencia de la República, escucharemos constantemente la promoción del “Plan C”, que no es otra cosa más que permitir que el próximo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum cuente con el número suficiente de diputados y senadores para aprobar las reformas que propone.
¿Qué significa esto? La respuesta es simple poniéndola en contraste: en un régimen autocrático, un mandatario o mandataria haría un lado al congreso para imponer las leyes a modo, sin embargo, en nuestro régimen democrático tanto el presidente López Obrador como la doctora Sheinbaum, han sido enfáticos en el respeto a la división de poderes y por ello se busca ampliar la mayoría de Morena y sus aliados en la próxima legislatura del Congreso de la Unión.
¿Para qué queremos un Plan C? a diferencia de lo que reclama la oposición, este no es un capricho de nadie. Por el contrario, se trata del mecanismo legal y legítimo para la aprobación de leyes, es decir, todo el orden jurídico que norma la actividad de las esferas política, económica y social. Retomando la pregunta, durante el sexenio del presidente López Obrador, fue difícil emprender reformas de su movimiento debido al rechazo tajante de la oposición, llegando a votar en contra iniciativas inocuas como programas sociales a nivel constitucional (recuérdese la votación que favorecía el programa de pensiones adultos mayores en nuestra Carta Magna).
De igual forma, muchas de las reformas que busca el movimiento del Presidente, fueron rechazadas debido a la insuficiencia de votos en el Congreso. Es por ello que, por ejemplo, la industria eléctrica y la petrolera, hoy siguen gozando del festín privatizador que las ventajas rentistas que el esquema autorizado en la constitución les permite.
Lo mismo con organismos autónomos insuficientes u obsoletos en su alcance como la Comisión Federal de Competencia Económica, que difícilmente se atreve a medir con el mismo rasero a diferentes monopolios y oligopolios operantes en nuestra economía (baste ver los ejemplos del gremio azucarero y del pan en la canasta básica, por ejemplo).
Ejemplos como estos reflejan la verdadera necesidad de contar con los votos suficientes en el Congreso de la Unión, a fin de que esa segunda generación de reformas profundas se pueda materializar.
¿Cuál sería el impacto o los canales de transmisión de estas reformas? La respuesta es concreta: mejor sistema de justicia, limpia del Poder Judicial, autoridades electorales no impuestas a modo de cuota, mejor sistema de ahorro para el retiro, programas sociales universales con mayores presupuestos. En suma: el mayor beneficio es contar con un verdadero Estado de bienestar, ese que ha comenzado a construirse este sexenio y que hoy requiere del apoyo ciudadano para lograr la meta de contar con 86 senadores y 334 diputados federales.
Que no se busque confundir a la ciudadanía: Morena y sus aliados tendremos bajo nuestra más estricta responsabilidad la encomienda de llevar estas reformas a buen puerto. Es falso que se busque emular a otros gobiernos o que se desea aspirar a otra forma de gobierno en nuestro país. Lo único que se desea es, como se dice coloquialmente, “cerrar la pinza” de la transformación de México en el Estado de bienestar del que tanto fue privado en los gobiernos del PRI y del PAN en décadas.
Démosle a México la oportunidad de llegar a ser ese Estado anhelado, es hora de decirle no al priísmo mezquino y no al panismo del doble rasero. Es hora de decirle no a aquellas empresas que se quieren aprovechar del marco jurídico vigente para sacar provecho del mismo. Es hora de darle a México un voto de confianza para que Morena y sus aliados del PT y PVEM logren la mayoría necesaria para impulsar estas reformas.
¡Es hora del Plan C, con “C” de Claudia y “C” de Clara!
