La semana pasada tuve el gusto de participar en el Parlamento Climático, convocado por la senadora Laura Ballesteros y legisladores de todos los partidos políticos en el Senado de la República. Fue un ejercicio de diálogo constructivo para intercambiar reflexiones y conocimientos sobre la mayor amenaza actual para el desarrollo y la prosperidad: el cambio climático.
A continuación, comparto algunos de los puntos más relevantes de mi intervención durante el evento. El primer concepto que los tomadores de decisiones, tanto en el gobierno federal como en los otros poderes, deberían entender es que el cambio climático no es sólo un “problema ambiental”. El cambio climático es la principal amenaza para el desarrollo económico y la prosperidad de hoy y de las generaciones futuras.
Toda actividad productiva emite gases de efecto invernadero (extracción de petróleo, producción de alimentos, generación de electricidad, transporte de pasajeros y mercancías), y de igual manera todas sufren ya impactos graves por el calentamiento global (sequías, inundaciones, incendios, temperaturas extremas, destrucción de infraestructura diversa). Por tanto, nuestra tarea consiste en dos tipos de esfuerzos simultáneos: debemos mitigar de inmediato esas emisiones, así como también poner en marcha medidas que nos permitan adaptarnos a las nuevas condiciones climáticas adversas que afectan nuestra vida diaria.
Es necesario que el nuevo gobierno de México desarrolle una política de Estado en materia de cambio climático, basada en la ciencia y en los mejores análisis económicos y sociales. Una política y visión de largo plazo que tenga el apoyo consensuado de todos los partidos políticos para que administraciones futuras, en vez de destruir lo avanzado, se esmeren en encontrar formas más eficientes y rápidas para implementar las medidas necesarias para continuar reduciendo nuestras emisiones, mientras generamos empleo y bienestar.
Vale la pena revisar el caso del Reino Unido, en donde Conservadores y Laboristas se pusieron de acuerdo hace más de 20 años para empezar la puesta en marcha de una política ambiciosa de cambio climático, que ha logrado una notable disminución de emisiones contaminantes, de la mano de la generación de miles de empleos verdes en nuevos sectores productivos.
Debemos entender que vivimos ya en una emergencia climática. Se experimentan en todo el mundo a diario eventos climáticos extremos y esto sucede en un escenario en donde “apenas” hemos incrementado la temperatura promedio del planeta 1.2 grados celsius. Las estimaciones más recientes indican que, aun si se cumplieran las metas de reducción de emisiones más recientes ofrecidas por todos los países del mundo, nos estaríamos encaminando a un incremento de temperatura de más de 2.5 grados para la segunda mitad del siglo. La realidad científica demanda que adoptemos de inmediato metas mucho más ambiciosas de reducción de emisiones.
La ciencia nos dice con claridad el tamaño del reto que enfrentamos. Debemos reducir de 45-50% las emisiones durante la presente década, para luego continuar con esfuerzos aún mayores hasta llegar a emisiones netas cero para 2050. Algunos países desarrollados, como Estados Unidos y los integrantes de la Unión Europea, ya se han comprometido a cumplir con estas metas y, entre otras acciones, han emitido legislación de grandes alcances para empujar el proceso. Los países con economías emergentes como Sudáfrica, Brasil, India, Indonesia y México, entre otros, pueden hacer mucho con sus propios recursos y políticas para avanzar en la descarbonización, pero van a requerir de apoyos financieros significativos de diverso tipo para alcanzar la neutralidad de emisiones lo antes posible.
En este sentido, una Agenda de Descarbonización Acelerada de la economía de México requiere de los siguientes 3 pasos:
En primer lugar, necesitamos garantizar la existencia y respeto de un marco regulatorio y de políticas públicas adecuado que dé certidumbre a la inversión privada nacional e internacional, y que incentive y fomente las inversiones en tecnologías e infraestructura de bajas o nulas emisiones de carbono. Desafortunadamente, en años recientes en México ha ocurrido lo contrario. Nuestro país debe volver cuanto antes a tomar decisiones con base en ejercicios elementales de planeación estratégica, en donde se optimicen variables como maximizar los beneficios sociales de las mayorías al aplicar políticas costo-efectivas. Deben terminar de inmediato las costosas decisiones caprichosas o dogmáticas para volver a una toma de decisiones basada en los mejores análisis disponibles, en información técnica y científica.
En segundo lugar, se necesita que el gobierno federal, con el asesoramiento de académicos y otros expertos, elabore una ruta detallada de descarbonización de la economía. Es justo este tipo de análisis el que debe acompañar a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (las metas de México ante el Acuerdo de París). La ruta debe indicar las medidas específicas que se deben realizar para reducir nuestras emisiones de bióxido de carbono en cada uno de los sectores clave: transporte, generación de electricidad, producción industrial, etc. En 2022, Iniciativa Climática de México elaboró un reporte detallado con una propuesta de ruta que puede servir como punto de partida para la siguiente administración. Las medidas de reducción de emisiones tienen que ir acompañadas de una estimación de los costos e inversiones necesarias para su implementación, así como planteamientos sobre posibles fuentes de financiamiento públicas y privadas, nacionales e internacionales.
Finalmente, en tercer lugar, con una ruta de descarbonización detallada, robusta y transparente, México puede iniciar los diálogos y negociaciones con países desarrollados y con organismos financieros multilaterales para firmar acuerdos que les permitan acceder, en primer lugar, a recursos concesionales (con tasas preferentes de interés) para invertir en aquellas medidas de infraestructura que el país necesita. Será México quien priorice los proyectos, para plantear como ya se ha dicho, aquellos que maximizan los beneficios sociales de las mayorías. Si aplicamos este criterio, garantizaremos que la urgente transición para la descarbonización es justa y se vuelve una palanca que ayuda para reducir inequidades sociales históricas. Países como Sudáfrica, Vietnam e Indonesia ya han firmado este tipo de acuerdos y han empezado a recibir recursos. Brasil, Colombia, y muchos más, han iniciado diálogos para avanzar en la misma dirección.
Plantear una Agenda de Descarbonización Acelerada con las tres etapas arriba descritas debe formar parte de las propuestas y plataformas de campañas de las tres personas candidatas a la Presidencia de la República y debe también formar parte del programa urgente de los primeros 100 días de la próxima administración.
Director Ejecutivo de Iniciativa Climática de México (ICM).
