Esta semana me dirijo a ustedes con la firmeza que exige el momento y la responsabilidad que nos otorga la defensa de los derechos ciudadanos. Estamos en una encrucijada histórica que pone a prueba nuestra voluntad de proteger lo que hemos construido como sociedad.
El INAI es un pilar de la democracia mexicana. Su existencia ha permitido garantizar los derechos humanos fundamentales de acceso a la información y de protección de los datos personales. Estos derechos no son abstractos, son herramientas que empoderan a cada persona para exigir cuentas y protegerse del abuso de poder.
El INAI nunca ha sido una concesión del poder público, sino resultado de la exigencia de ciudadanas y ciudadanos, y se consolidó gracias a un acuerdo histórico entre todas las fuerzas políticas para fortalecer nuestra democracia. Por eso, para el país, para el INAI, la extinción representa un retroceso en los avances democráticos que hemos construido con gran esfuerzo colectivo.
No se trata de defender a un ente burocrático, sino de preservar la transparencia, la verdad y la confianza entre las personas gobernantes y las personas gobernadas. Se trata de defender derechos inscritos en nuestra Constitución, nacidos de la necesidad legítima de justicia social. Los derechos sin verdaderas garantías y sin mecanismos para hacerlos operables, son retórica legislativa. No estamos en contra de los esfuerzos por mejorar nuestras instituciones democráticas, pero sí nos oponemos a debilitarlas y someterlas al poder público o ante cualquier interés ajeno al de la sociedad mexicana.
Con este hecho, que quede claro, en la práctica se subordina no al INAI -ahora agregadas sus funciones al gobierno de acuerdo al dictamen aprobado en la Cámara de Diputados-, sino a las y los ciudadanos a que, si quieren acceder a la información gubernamental, se la deberán pedir al propio gobierno. La información que generan las instituciones gubernamentales es un bien público, porque se genera con los recursos públicos que aportamos las y los mexicanos. La transparencia y la protección de datos no son favores ni concesiones; son conquistas sociales que transformaron la relación entre la sociedad y el gobierno, entre gobernantes y ciudadanía.
El verdadero valor agregado del INAI no se mide únicamente en sanciones o resoluciones en torno al acceso a la información y la protección de datos personales, sino en su capacidad de empoderar a la ciudadanía, garantizar derechos, prevenir abusos de poder y fortalecer la democracia. El INAI es un instrumento que coloca a la ciudadanía en el centro del quehacer público.
Las y los ciudadanos serán testigos y jueces de estas decisiones. La historia no se escribe únicamente en el poder, se escribe en la memoria de quienes sufren las consecuencias y en la resistencia de quienes defienden lo que es justo.
La historia no perdona. Las leyes y normas exitosas son la brújula que guía a las democracias hacia el progreso. Enterrarlas no apaga su luz. Y sí, la historia también se escribe con retrocesos, pero nos seguiremos negando a que el retroceso sea el destino. Los retrocesos solo son permanentes si permitimos que así lo sean.
Comisionado Presidente del INAI
