La democracia implica un proceso dinámico de reconfiguración del Estado para hacer frente a los principales desafíos nacionales. Por esta razón, y con el firme compromiso de abonar a la transformación del país, en lo personal y desde el INAI hemos expresado nuestro interés en contribuir activamente a los trabajos y reflexiones que se desarrollen durante el proceso legislativo al que habrá lugar, motivado por las reformas constitucionales actualmente en el debate público.
Estoy convencido en la necesidad de promover y adoptar cambios profundos para la modernización y el fortalecimiento del Estado mexicano; y también, que esto incluye, por supuesto, a los organismos garantes del acceso a la información y la protección de datos personales. Por ello, el escenario actual, representa una oportunidad excepcional para avanzar con certeza hacia la construcción de una nueva generación en el ejercicio y garantía de estos derechos fundamentales.
En este sentido, confío plenamente en que la responsabilidad legislativa, el consenso y el profesionalismo deben ser y serán los pilares que nos permitirán promover la austeridad, la integridad y la transparencia, elementos cruciales para la transición y consolidación de un nuevo México. Por lo tanto, desde mi perspectiva, es vital que los procesos legislativos se desarrollen de manera abierta y colaborativa, bajo la modalidad de Congreso Abierto, asegurando así la inclusión de las voces más diversas y expresiones de los distintos sectores de la sociedad en una agenda trascendental como la que hoy se presenta.
En los últimos años, la democracia global ha experimentado una pérdida de apoyo social, esto se ha debido, principalmente, a que algunos gobiernos no han logrado mitigar efectivamente los impactos de diversas crisis económicas, políticas y sociales. Además, ha habido un déficit en el fortalecimiento de las instituciones públicas y en la construcción de capacidades sociales necesarias para el ejercicio de derechos y, con ello, para la generación de beneficios individuales y colectivos.
En México, nuestra democracia cuenta con avances importantes al disponer de un régimen político abierto al escrutinio público, con mecanismos de participación social cada vez más efectivos, y con un sistema de frenos y contrapesos que promueve un equilibrio político-institucional favorable al buen desempeño de la función pública.
En esta lógica fue creado en 2002 el IFAI, justo para tutelar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en el orden federal y, entre 2002 y 2007, todas las entidades federativas crearon sus propios marcos legales y organismos garantes en estas materias. No obstante, motivados por el consenso social y buscando promover la objetividad, imparcialidad e independencia, en 2014 se promovió la reforma constitucional que transformó al IFAI en el INAI, un organismo público autónomo y cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, encargado de coordinar políticas públicas de alcance nacional para tutelar estos derechos fundamentales.
No tengo dudas de que una agenda institucional en México, que busque atender las necesidades sociales y las expectativas nacionales, debe reconocer estos notables avances. Los organismos garantes del acceso a la información y la protección de datos personales deben ser valorados por su utilidad social, como activos esenciales y, sobre todo, como aliados en la transformación y consolidación del México que todas y todos anhelamos.
Comisionado Presidente del INAI
