La deliberación pública con base en los hechos, la periodicidad de los eventos, la validez y vigencia normativa, o los datos y las cifras, son herramientas torales para las democracias y la apropiación individual del espacio cívico.
Cuando este debate se centra en el cumplimiento de las atribuciones que tienen las instituciones públicas, especialmente si son organismos garantes de derechos humanos, se debe atender con minuciosidad, porque su función es la protección, el respeto y la garantía de derechos fundamentales que, de no cumplirse, pueden vulnerar el desarrollo integral de las personas, su dignidad, incluso sus libertades.
Sobre el debate de las últimas semanas acerca de las funciones sustantivas del INAI, vale la pena señalar algunos elementos para su correcta apreciación.
El INAI inició el registro de solicitudes de información pública el 12 de junio de 2003, cuando todavía era el entonces IFAI; desde ese día y al cierre del 2020 se han realizado 2 millones 276 mil 741 solicitudes de acceso a la información, sin contar en esta cifra las de datos personales.
En ese mismo periodo, las y los solicitantes no estuvieron conforme con la respuesta de las instituciones en 117 mil 627 ocasiones, ya que éstas pueden declarar que esa información no existe, que la tiene otro sujeto obligado, considerarla reservada o confidencial, o bien, que su petición no se encuentra en el marco de la ley. Esa inconformidad, que se vuelve en nuestro lenguaje jurídico un recurso de revisión, llega al INAI para que en el Pleno resolvamos si debe o no abrirse esa información.
Al día de hoy, el INAI tiene un padrón con 865 sujetos obligados a dar información, por ejemplo, en estos 17 años lo ha hecho con el IMSS que encabeza el número de recursos de revisión con 7,532, después la SEP con 5,401, le sigue la Secretaría de Salud con 4,001 y en cuarto lugar el ISSSTE con 2,611.
Respecto a los gobiernos federales, durante la presidencia de Vicente Fox -aunque el conteo inició casi dos años y medio después- de 2003 a 2006 ingresaron 154,394 solicitudes de información y se inconformaron en 7,628 ocasiones, un 4.94% del total. En el sexenio de Felipe Calderón (2007 a 2012) se realizaron 557,275 solicitudes, inconformándose 32,271 ocasiones, un total del 5.79%. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2013 al 2018) ingresaron 1,054,855 solicitudes, inconformándose en 46,141 ocasiones, un 4.37%, y en los dos años recientes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han realizado 510,217 solicitudes con 31,587, es decir 6.19% de inconformidad en el acceso a la información.
En casi dos décadas el IFAI-INAI ordenó la apertura de los documentos, fotografías y grabaciones del Movimiento del 68; las declaraciones ministeriales de la llamada Guerra sucia; las averiguaciones previas de los 43 estudiantes y las masacres de San Fernando; así como las declaraciones y dictámenes periciales de Tanhuato y Tlatlaya.
Sobre corrupción, se ordenó la apertura en versión pública de la averiguación previa del caso Odebrecht, aunque fue el gobierno federal el que no acató. Lo mismo se ordenó en el caso Duarte, el Paso Exprés, o el Grupo Higa y se aportó información para las notas sobre la Casa Blanca, Estafa maestra o los actos contra el EZLN.
El INAI defiende el derecho a la información y es su autonomía constitucional, la que nos permite, que hoy al leer este artículo, tengas un argumento más para saber que es de todas y de todos.
