De acuerdo con la OCDE, las contrataciones públicas pueden representar en promedio el 12% del PIB y el 30% del gasto gubernamental de los países. Además, por considerarse una actividad de alto impacto presupuestal, también representa un riesgo potencial para la corrupción.
Lo anterior, cobra especial relevancia dentro de un contexto en el cual, con motivo de la pandemia, la sociedad demanda mayor y mejor respuesta de las instituciones para la solución de problemas públicos. Es decir, dinamismo en la acción gubernamental y en particular, en los procesos de contratación de bienes y servicios que ayuden, por ahora, a atenuar la crisis sanitaria.
No obstante, esta respuesta esperada no puede significar un espacio para la discrecionalidad o justificar decisiones erráticas. Debe expresar una oportunidad para que la transparencia y la integridad den paso a una nueva relación entre sociedad y gobierno, donde ésta se materialice en la garantía de derechos como resultado de mejores contratos públicos.
Desde el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia, junto con la Alianza para las Contrataciones Abiertas (OCP, por sus siglas en inglés) estamos impulsando en México la iniciativa Contrataciones Abiertas . Buscamos incrementar la oferta y la calidad de la información sobre las contrataciones públicas y publicar datos estructurados, interoperables y reutilizables de las etapas que conforman estos procedimientos (desde la planeación hasta la ejecución).
Además de lo que esto implica en términos de rendición de cuentas, las Contrataciones Abiertas van más allá. Poner en la vitrina pública esta información fortalece la vigilancia social. Lo anterior, propicia sinergias institucionales con el objetivo de aumentar la eficiencia y eficacia. Y cuando esto ocurre (el gobierno actúa bien), se genera un entorno apropiado para los negocios y la participación de las empresas en los procedimientos de licitación, lo que promueve la competencia y, por lo tanto, la oferta de mejores bienes y servicios.
Estamos avanzando, y no podemos perder de vista algunos retos que enfrentamos para que este esfuerzo logre sus objetivos. Por ejemplo, en principio, es necesario comunicar la relevancia del tema y sus beneficios en la población, pues según datos de la ENAID 2019, en México, solo el 5.7% de las personas encuestadas dice consultar información sobre este rubro.
Por su parte, es importante fortalecer las capacidades institucionales y, dentro de ellas, la digitalización. Aún es común observar que en algunas regiones de nuestro país no se cuenta con sistemas electrónicos de contrataciones. Muchos contratos aún se encuentran en expedientes físicos, y esto hace muy difícil y costoso su acceso.
Finalmente, es nuestro deber transmitir conocimientos y habilidades a la población para aprovechar esta información y aplicarla a casos concretos. Que su análisis y uso se traduzca en mejores contratos y estos, en beneficios asociados a la salud, infraestructura, educación, seguridad, vivienda, entre otros.
Las Contrataciones Abiertas transforman contextos. Hacer de ellas un instrumento estratégico ayudará a estimular la confianza entre los sectores y a conseguir objetivos comunes para el desarrollo de un entorno próspero e incluyente. Desde el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia, con las Contrataciones Abiertas, como lo señalé, hablamos de dar paso a una nueva relación entre sociedad y gobierno.
Por un INAI para todas y todos.
