El 11 de junio de 2002 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, primera ley en su tipo en nuestro país y primer parteaguas en el diseño normativo e institucional de la transparencia y el acceso a la información en México.
Con la entrada en vigor de la primera Ley Federal, inició un periodo histórico y político en nuestro país, donde, fruto de la conquista social y ciudadana por instituciones más transparentes, receptivas y que rindieran cuentas, se materializaron una serie de procedimientos, plazos y herramientas institucionales que nos permitieron avanzar hacia el pleno ejercicio del Derecho de Acceso a la Información.
Fue un año después, el 12 de junio de 2003, que se pudo presentar por primera vez una solicitud de información. El ingreso y trámite de esta primera solicitud representa, de manera simbólica y material, el punto de culminación dentro de la lucha social y ciudadana por la transparencia en nuestra democracia y el inicio de una primera generación de la transparencia en México y el ejercicio efectivo del Derecho a Saber de todas y todos los mexicanos.
Este momento dentro del despertar político y social por la transparencia, lo podemos ubicar históricamente a partir de 2002 y hasta 2007, periodo igualmente trascendental dentro de la evolución progresiva de la transparencia, ya que sería en este año cuando se gestaría la Primera Reforma Constitucional en materia de transparencia y acceso a la información que elevaría el rango del Derecho de Acceso a la Información como un Derecho Humano.
Ello representó el inicio de una segunda generación de transparencia y una victoria para la calidad de nuestra democracia, ya que sentó las bases para un ejercicio mucho más efectivo, universal y con un sentido de utilidad pública del acceso a la información, preparando el camino para la Segunda Reforma Constitucional en esta materia y el arribo de la tercera y última generación de transparencia.
Segunda Reforma Constitucional que constituye un hito dentro de este despertar político y social por la transparencia, que podemos ubicar desde 2007 y hasta 2014, pues introdujo elementos de avanzada y se profundizaron los alcances y dimensiones de la transparencia que pasó, de ser un asunto federal o local, a ser un asunto completamente nacional.
Así, con la consolidación de los cambios normativos, institucionales y políticos que trajo consigo esta Reforma, trascendimos hacia el último estadio de la transparencia en México: la transparencia proactiva o lo que he acuñado en otros espacios como la nueva frontera de la transparencia.
Y si bien aún persisten importantes retos que atender de cara a la plena democratización del Derecho de Acceso a la Información y la consolidación de una verdadera cultura pública y política en materia de transparencia a lo largo y ancho del país, el camino no es otro más que redoblar los esfuerzos de las generaciones que nos precedieron, para reafirmar el valor de la transparencia como pilar fundamental para la consolidación de nuestra democracia y la mejora de la calidad de vida de las personas.
Y el reto es tal que, a mayo de 2023, a aquella primera solicitud presentada hace 20 años, se sumaron ya 3 millones 598 mil 424 solicitudes de información y de protección de datos personales, que se traducen en el ejercicio de los derechos humanos que se tutelan en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, desde donde seguimos trabajando para garantizarlos.
Por un INAI para todas y todos.
Comisionado del INAI
@AdrianAlcala75
