Este 2024 debió haber sido el año de celebrar el décimo aniversario de aquellas reformas constitucionales en materia de transparencia de 2014. Sin embargo, en sentido contrario, este año queda marcado por la extinción de los organismos garantes de la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales.
Fue en febrero, en el marco de la conmemoración de un aniversario más de la promulgación de nuestra Carta Magna, que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó una serie de iniciativas de reformas constitucionales en diversas materias, incluyendo una dirigida a extinguir a órganos autónomos del Estado, entre ellos el INAI y los organismos de transparencia estatales.
Siendo este un año con elecciones para renovar la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, entre muchos otros cargos de autoridad en el país, las proyecciones de los analistas políticos eran que si el grupo político predominante obtenía la mayoría calificada en el Poder Legislativo, vendría una aprobación acelerada de las reformas propuestas por el Presidente López Obrador. Así fue. Primero se concretó la reforma centrada en renovar a jueces y magistrados del Poder Judicial a través de métodos de elección popular y, una vez concretada, vinieron las demás.
En el mes de noviembre fue aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión la reforma en materia de simplificación orgánica que extingue a diversos organismos autónomos, entre ellos los de transparencia, para posteriormente ser aprobada en veintiún congresos estatales. La reforma finalmente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de diciembre.
Durante todo este proceso, diversas voces se levantaron para expresar su rechazo. La mayor y legítima preocupación que genera la reforma es que la función de garantizar la transparencia y el acceso a la información se traslade a instancias de gobierno que no son independientes. Pero no sólo eso, preocupa también cómo se mantendrá el funcionamiento del engranaje institucional que se construyó a lo largo de los últimos veintidós años que hizo factible garantizar el derecho de acceso a la información. Preocupa conocer cómo se operará la transparencia a lo largo y ancho del país y que sucederá con la Plataforma Nacional de Transparencia, que concentra la información que por obligación deben publicar todas las autoridades, de los tres Poderes y los tres ámbitos de gobierno, y que permite, en un sólo lugar, presentar solicitudes de información y recursos de revisión de la ciudadanía cuando sus requerimientos de información pública no son satisfechos.
La reforma contempla un plazo de noventa días para que el Congreso apruebe las leyes secundarias que deberán atender estas preocupaciones. La forma en que han sucedido los hechos parece mostrar que, a pesar del diálogo, nunca hubo posibilidad de que se reconsiderara esta reforma. Sería una sabia decisión de las y los legisladores escuchar a las voces expertas durante el actual proceso de diseño de las leyes secundarias.
El año que esperábamos celebrar aquellas reformas que elevaron a nivel constitucional el derecho a saber fue, al final del día, el año que sacudió a la transparencia. En más de una ocasión la Presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que vienen mejores tiempos para la transparencia y, aunque hoy existen más dudas que certezas, esperamos con el mejor de los ánimos que así sea.
Comisionado Presidente del INAI
