Hace poco más un año en que se conocieron los primeros casos de Covid-19 en México. Desde entonces y hasta la fecha, tanto el gobierno federal como los gobiernos locales, han emprendido distintas acciones para contener los efectos de la pandemia entre otros, en los sectores de la salud, la economía, y la educación. Una manera de observar hacia dónde se dirigen con mayor énfasis los esfuerzos de los gobiernos es examinando la orientación del presupuesto público.
Debe notarse que en México en los últimos años se ha acentuado el presupuesto destinado a programas sociales; si se comparan los recursos destinados a estos programas antes de la emergencia sanitaria y después de ésta, a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación para los años 2020 y 2021, se encuentra que, en conjunto, el monto de los recursos aumentó en 5.65% en términos reales. Los programas con mayores recursos en 2021 respecto a 2020 son: “Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores”, “Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente” y “Sembrando vida”.
Como cambios favorables para el 2021 pueden resaltarse los siguientes: 1) Ahora la mayor parte de los programas sociales están sujetos a reglas de operación (seis de ocho programas), lo que significa que si en 2020 el 75% de los recursos se distribuía con reglas específicas, ahora esto corresponde al 99% de los programas, este aspecto es esencial porque reduce significativamente la discrecionalidad con que pudieran asignarse los apoyos, además de que permite un seguimiento y evaluación de los mismos; y 2) Se incluye el nuevo: “Programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos”, lo que distingue a éste de los recursos del “Programa para el bienestar de las personas en emergencia social o natural”, además de que visibiliza la dimensión del problema de violencia de género en México.
Entre las debilidades que ahora se observan destaca la eliminación de los recursos al “Programa de Fomento a la Economía Social” y al “Programa del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías”; en un año como el que ha transcurrido, caracterizado por los impactos derivados de la pandemia por Covid-19, entre ellos: la pérdida de empleos y la precarización del trabajo, se hace necesario incentivar con mayor énfasis el desarrollo de los Organismos del Sector Social de la Economía que se convierten en una alternativa idónea para la creación de proyectos de desarrollo comunitario que además de la generación de ingresos sean sostenibles en sus formas de operación.
No hay que olvidar que el pasado 8 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 4 Constitucional por la cual el Estado debe garantizar la entrega de un apoyo económico a las personas que tienen alguna discapacidad permanente, así como la entrega de una pensión a las personas adultas mayores, en ambos casos con la prohibición de retroceder en la asignación presupuestal respecto a ejercicios fiscales anteriores. Este hecho, si bien tiende a favorecer los principios de aplicación en materia de derechos humanos, debe observarse a la luz de lo que ha ocurrido con el presupuesto destinado a programas en otros sectores, de modo que el incremento de recursos en algunos de ellos no signifique llevar a la vulnerabilidad a otros.
** Profesora – investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Correo: abigailrnava@gmail.com
