Dos de los economistas contemporáneos más reconocidos, cuyos trabajos han sido muy difundidos a nivel mundial, son Bernardo Kliksberg y Amartya Sen; ambos, han hecho aportaciones a la explicación de la pobreza y a las consecuencias que se derivan del modelo económico imperante. En una de sus obras más conocidas: Hacia una economía con rostro humano (2002), Kliksberg cuestiona la amplia desigualdad que la dinámica económica global genera, por ello sugiere reorientar el sistema económico hacia el bienestar social, a través de la dimensión ética de las políticas públicas y la responsabilidad social. Amartya Sen, en varias de sus obras y especialmente en El desarrollo como libertad (1999) propone asociar el desarrollo con las “capacidades” que las personas realmente pueden ejercer para elegir las condiciones de vida que desean.
El enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, proporciona herramientas de orientación tanto en el diseño, como en la implementación y en la evaluación. En el caso de la política económica, el enfoque es clave porque implica reconocer las obligaciones del Estado de crear las condiciones que permitan el ejercicio efectivo de los derechos. Además, el enfoque ayuda a responder al menos las siguientes preguntas: ¿hacia dónde deben destinarse los recursos públicos?, ¿cuál es el contenido mínimo de los derechos que el gobierno debe garantizar?, ¿cuáles bienes deberían considerarse públicos?, ¿cómo debe orientarse a la inversión pública y a la inversión privada?, ¿qué características deben contener las reglas de operación de los programas públicos?, ¿qué criterios determinan la asignación de las contrataciones de obras?, ¿cómo evaluar el ejercicio de los recursos públicos? y ¿qué puede hacerse para avanzar en materia de transparencia y rendición de cuentas?
Si bien, el gobierno federal actual ha destinado recursos importantes a la función social, sobre todo a través de la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, lo importante a destacar es que, si se desea construir un presupuesto público con enfoque de derechos humanos, no basta con destinar recursos a programas sociales precisos, sino que es imprescindible establecer ejes transversales y reformular los ya existentes para orientar el gasto, y hacerlo operativo con la participación de distintas entidades de la administración pública ¿No será importante establecer programas transversales dirigidos a garantizar la salud, la educación, la seguridad social, el trabajo y la seguridad pública?
Si el reto fundamental es transitar del discurso al ejercicio efectivo de los derechos humanos, la política económica debe instrumentarse a través de todos los mecanismos posibles: un marco jurídico amplio de protección a las personas y a grupos colectivos en situación de vulnerabilidad, reglas de operación claras y aplicables a todos los programas de desarrollo económico y social, regulación oportuna de la actividad productiva y comercial, redefinición de ejes transversales en el presupuesto público para la asignación de recursos, revisión de la progresividad del sistema tributario, eliminación de condonación de impuestos de las empresas de elevada capitalización, evaluar la contribución de los estímulos fiscales a las necesidades sociales, capacitación en derechos humanos, mejoramiento en la impartición de justicia, incentivos hacia las buenas prácticas en pequeñas y medianas empresas e impulso a las empresas sociales.
Profesora – Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
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