Una de las desigualdades más evidentes en México se encuentra en el acceso y uso de servicios financieros entre mujeres y hombres, desigualdad que también tiene implicaciones directas en la titularidad de la propiedad de bienes inmuebles.
Entre la información que proporciona la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), destaca que: del total de la población con edades entre 18 y 70 años, el 61% de las mujeres y el 74% de los hombres, utiliza algún producto financiero; el 66% de las mujeres y el 75% de los hombres utiliza canales financieros (banca comercial, cajeros automáticos y corresponsales bancarios); el 22% de las mujeres tiene una cuenta de ahorro formal y realiza alguna acción de ahorro informal, a diferencia del 28% de los hombres; el 31% de las mujeres y el 33% de los hombres cuenta con un crédito formal de alguna institución financiera o comercial; el 16% de las mujeres tiene algún tipo de seguro, a diferencia del 26% de los hombres; y el 30% de las mujeres tiene una cuenta de ahorro para el retiro, a diferencia del 48% de los hombres.
Respecto a la propiedad de bienes inmuebles, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), tan solo, cerca del 16% de las mujeres en México son propietarias de la vivienda en que residen, y son propietarias o copropietarias de cerca del 35% de los bienes inmuebles en el país. Además, en el sector rural, con base en información del Registro Nacional Agrario (RNA), las mujeres mantienen poco más del 25% de la propiedad de tierras o certificados parcelarios y el 75% restante corresponde a los hombres.
Tradicionalmente la inclusión financiera, al igual que la actual Política Nacional de Inclusión Financiera, se ha centrado en extender el uso y acceso de los servicios financieros en todo el país, fundamentalmente en las zonas rurales y en las zonas de vulnerabilidad económica. Además, es común evaluar los avances en la materia a partir del desarrollo tecnológico alcanzado por la generación de aplicaciones en medios móviles o digitales, así como del número de sus usuarios, pero escasamente se consideran acciones con perspectiva de género.
Los datos anteriores revelan la vital importancia de crear estrategias que permitan reducir las brechas de género en el acceso y uso de productos del sistema financiero; para subrayarlo, las desigualdades referidas en materia de ahorro, crédito, seguros y patrimonio se trasladan a otros ámbitos de la vida y profundizan entonces otras diferencias, por ejemplo, las mujeres tienen menores oportunidades de obtener recursos para emprender alguna actividad productiva propia, menos oportunidades de ser económicamente independientes de sus familias, menores posibilidades de decisión sobre el uso y destino del patrimonio familiar, y en el sector rural tienen menos probabilidades de recibir apoyos económicos al no ser titulares de certificados de propiedad de la tierra.
