El Observatorio Mundial de los Derechos Humanos, publica anualmente un informe de los principales derechos humanos que son transgredidos en cada país, en estos informes se observa permanencia o continuidad en el mismo tipo de agresiones a la dignidad de las personas a lo largo de los años. Resaltan por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos las sentencias judiciales crueles o inhumanas y el desigual disfrute de derechos y servicios como la educación, el trabajo, la salud o la justicia según la condición de ciudadanía; en el caso de México, resaltan la impunidad, desaparición forzada, violencia contra niñas y mujeres, abusos contra migrantes, violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, e inseguridad; todos estos son los ejemplos más difundidos de los derechos vulnerados constantemente y que en una situación coyuntural derivada de la pandemia por COVID-19 tienden a profundizarse.
No obstante, y sin restarle importancia a los derechos citados, hay otros derechos que cotidianamente son quebrantados en varias regiones del mundo y que no por ello su situación de debiera observarse como condición normal. Estos derechos son los conocidos como económicos, sociales, culturales y ambientales.
En México, por ejemplo, el contexto del COVID-19 ha traído consigo potenciales agravamientos a los derechos siguientes: al trabajo, a la vida digna, a la vivienda, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la seguridad y al medio ambiente sano. En todos estos derechos son evidentes las relaciones de interdependencia, puesto que el ejercicio efectivo de uno de ellos conlleva el ejercicio efectivo de otros.
En el caso de los derechos al trabajo, a la salud y a la vida digna, la situación de vulnerabilidad se visibiliza a través de distintos indicadores oficiales, por ejemplo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se estima a la Población Económicamente Activa (PEA) en poco más de 57 millones de personas, de las cuales la población ocupada informal sumó para el primer trimestre del 2020, 31 millones de personas, a las que se agregan 4.7 millones de personas como población subocupada; esto indica que el 62% de la población ocupada en México enfrenta riesgos cotidianos no sólo de contar con un trabajo bien remunerado, sino también enfrenta dificultades para acceder al sistema de seguridad social y a instituciones de salud. Un dato adicional es el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) que mide la evolución del sector real de la economía, en los últimos meses se ha reportado mayor contracción de la industria (manufactura, construcción, minería y energía), seguido de la actividad terciaria (comercio y servicios) y en menor medida del sector primario (sector agropecuario, forestal y pesca); en coincidencia, son las actividades terciaria y secundaria las que concentran el mayor número de la PEA.
Debe recordarse que el ejercicio efectivo de los derechos humanos no se reduce solamente al acceso material u observable de los bienes o servicios con los que se busca cubrir (como tener un trabajo o la posibilidad de una consulta médica), sino que obliga también a que éstos se encuentren disponibles o sean suficientes para la población, además de que sean aceptables y de calidad.
Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Correo: abigailrnava@gmail.com
