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Durante los últimos años la violencia e inseguridad se han posicionado como los temas de mayor importancia y preocupación pública, justificada por el incremento de comportamientos violentos relacionados con la exclusión social, la pobreza, desigualdad, recesión económica entre otros factores que alteran la estabilidad de los países.
A nivel nacional la incidencia delictiva ha sufrido altos incrementos en comparación 2016 a 2017, específicamente los homicidios dolosos tienen un aumento de 19% en relación al mismo periodo del año anterior, dicha tendencia se ve reflejada en el estado de Chihuahua con un incremento del 28.8%, donde las tasas para noviembre 2017 son de 42.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional la tasa es de 20.2.
Específicamente en la Zona Occidente del estado de Chihuahua el cual comprende los municipios de Bachíniva, Bocoyna, Carichí, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Chínipas, Gómez Farías, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Moris, Namiquipa, Nonoava, Ocampo, San Francisco de Borja, Temósachi, Urique y Uruachí, denota en el 70% de estos municipios el aumento en las variaciones de las tasas de homicidios dolosos, con al menos 26 puntos porcentuales en comparación 2016-2017 además con tasas superiores a las nacionales.
Otros datos interesantes son los datos proporcionados por el INEGI dentro de la ENVIPE 20171, que reflejan el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en México, donde en 2016 representó para los hogares un monto de 229.1 mil millones de pesos, lo que equivale a 5,647 pesos por persona afectada por este fenómeno. A pesar de esto, la cifra negra es de 93.6% a nivel nacional, donde los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como pérdida de tiempo con 33.1% y la desconfianza en la autoridad con 16.5%. [1]
Dentro de este mismo rubro, en el estado de Chihuahua se estima que el 30.7% de los hogares tuvo al menos una víctima de delito, representando un monto para los chihuahuenses de 5 165.1 millones de pesos, con una cifra negra de 92.0%, tomando el primer lugar de motivo de no denuncia la pérdida de tiempo con 32.5%. Durante los últimos 5 años la tendencia de cifra negra en el estado se ha incrementado en 6 puntos porcentuales.
El interés de las encuestas se ha centrado, básicamente en conocer la percepción de seguridad y el grado de victimización de los ciudadanos, pero a pesar del interés en muy pocas ocasiones se ha investigado la correlación existente entre la percepción y la victimización, para que esta se convierta en acciones de política pública estratégica y basada en una evidencia metódica contra la inseguridad.
La percepción de inseguridad es un problema que transgrede la calidad de vida de las personas, que repercute en que dejen de realizar actividades cotidianas, lo que resulta en la limitación del esparcimiento social, inhibe la posibilidad de generar cohesión social, recesión económica, además de otros problemas públicos de mayor trascendencia.
El miedo al crimen, pese a su importancia en la calidad de vida, es una de las áreas menos atendidas de la política criminal (Vilalta, 2010). Debe aclararse en ese punto que esta área de política criminal es relevante porque incide considerablemente en el nivel de bienestar de los individuos en general, sean víctimas o no del delito. El miedo al crimen impacta de forma negativa nuestras rutinas o hábitos, desincentivando o limitando la realización de actividades que deberíamos poder hacer libremente (Vilalta, 2012b).
También impacta nuestra libertad de movernos entre espacios, y en general, el miedo causa un detrimento en el estado anímico. Por estos motivos, las políticas de reducción de miedo al crimen deberían considerarse tan importantes como cualquier otra que conlleve el sentido de mejorar y prevenir las conductas delictivas en una sociedad.
Sin duda el año 2017 fue un año marcado por la violencia, alcanzando tasas históricas a nivel nacional en delitos del fuero común. Chihuahua y su Zona Occidente no fueron la excepción a esta tendencia, propiamente dentro de los veinte municipios que comprenden esta área geográfica de la entidad, hubo un aumento en la mayoría de los delitos de alto impacto, siendo la causa más común los relacionados a enfrentamientos entre civiles armados, dejando de manifiesto esta última causa, una notoria falta de coordinación entre el gobierno federal con las instancias estatales y municipales, provocando entre la ciudadanía un entorno incierto e inestable que dificulta el progreso de las comunidades, sin que exista una estrategia integral que delegue, comprometa y responsabilice a cada institución de seguridad, de acuerdo a sus facultades y ámbito de competencia de cada una de ellas, en su tarea de mantener un orden social y de seguridad para los chihuahuenses.
Yazmin Salazar Orozco
Dulce Carolina López Ayala
Édgar Alí González Reyes
FICOSEC Cuauhtémoc
@FICOSEC @ObsNalCiudadano
[1] Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad ENVIPE 2017
