La creación de la Guardia Nacional representa el momento cumbre de un proceso de refuncionalización de las tareas de las Fuerzas Armadas que inició hace más de tres décadas encaminado a hacer de ellas un actor cada vez más participe de la seguridad pública, sin embargo, durante los últimos años las expectativas democráticas han obviado una posible reforma de las instituciones militares tendiente a crear mecanismos de control civil y limitar su actuación en este campo.
Las consecuencias de estas dos grandes omisiones han sido claras y de carácter crítico, específicamente en materia de Derechos Humanos. La evidencia indica que la estrategia de seguridad bajo un paradigma militar no reduce los niveles de violencia, por el contrario, tiende a agravar las violaciones de los Derechos Humanos.
La crisis de las más de 37 mil víctimas de desaparición, la Sentencia del 28 de noviembre de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso Alvarado Espinosa por la desaparición forzada de tres personas cometida por elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional en el estado de Chihuahua y las 30 recomendaciones de la CNDH sobre este tema es uno de los ejemplos más visibles, sin embargo, a partir de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública han sido centenares las víctimas de tortura, de tratos crueles o degradantes, detenidas y privadas de la vida de forma arbitraria por miembros de las instituciones de seguridad.
En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 58 recomendaciones desde el año 2007, hasta octubre de 2018 (40/2007-51/2018) sobre casos de privaciones arbitrarias de la vida con una y hasta veintiséis (3VG) víctimas por evento cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas; asimismo, ha recibido 1, 221 quejas por el empleo arbitrario de la fuerza (2006-2018) y 549 (2006-2018) quejas por tortura, en donde el 75.6 por ciento de las denuncias señalan como autoridades responsables a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal para el periodo 2015-2018 de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH.
Tal como lo indica la Iniciativa para la creación de la Guardia Nacional (GN), México es un país de víctimas, en donde “el 90 por ciento de los delitos desembocan en impunidad”, es decir, en la ausencia de castigo para los responsables y de procesos de reparación. La Guardia Nacional surge como una institución dependiente del ramo de la defensa nacional en lo que respecta a su estructura jerárquica, disciplina, profesionalización y capacitación. Al mismo tiempo, se ha definido que estará integrada por la Policía Militar, Naval, la Policía Federal, elementos de tropa y civiles, en otras palabras, es una institución que no sólo da continuidad, sino también, profundiza el paradigma militar en la seguridad pública y se torna equívoca particularmente porque se busca dar paso a su constitución en ausencia de un proceso previo de depuración y sanción de los elementos de las Fuerzas Armadas que han cometido actos violatorios de los Derechos Humanos.
En México, las Fuerzas Armadas se han caracterizado históricamente por contar con una serie de prerrogativas que aseguran su autonomía frente a los débiles mecanismos de control civil, lo anterior ha garantizado un marco de actuación discrecional y de impunidad. El proyecto de la Guardia Nacional representa un paso orientado a reforzar estos esquemas de acción, pues hace de las instituciones militares un actor central en la estructuración de las relaciones entre el Estado y la sociedad con normativas mínimas de control y vigilancia.
El Dictamen aprobado, otorga a los militares amplios espacios de intervención en la seguridad pública, prerrogativas que carecen de mecanismos de contrapeso enmarcados en la incertidumbre del contenido de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza y la Ley General de Registro de Detenciones. En este sentido, resultan especialmente problemáticas las reformas a los artículos 13, 16 y 21 constitucionales, debido a que se concede a la Guardia Nacional la facultad para la detención y la investigación de delitos solo “bajo la conducción jurídica” del Ministerio Público Federal, pero deja abierta la posibilidad que la investigación de los delitos se rija por el mando jerárquico.
Por otra parte, la jurisdicción militar se vuelve un importante punto de discusión, pues si bien, la reforma del articulo 13 constitucional establece que los delitos cometidos por los integrantes de la GN en el ejercicio de sus funciones serán conocidos por las autoridades civiles, las faltas contra la disciplina castrense deberán ser atendidas en la jurisdicción militar. Lo anterior puede derivar en la extensión de la justicia militar y la creación de averiguaciones y juicios paralelos que obstaculicen el esclarecimiento de la verdad y la reparación del daño a las víctimas, así como estrechar el espacio en el que los militares pueden ser juzgados por tribunales civiles.
Por otro lado, resulta prioritario analizar los esquemas para la certificación de las capacidades y acreditación del control de confianza, además de los indicadores que permitirán conocer el funcionamiento y actividades de la Guardia Nacional, sin perder de vista, como ha señalado el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarab, que hasta ahora la Ley Orgánica de la GN contendría mecanismos de evaluación, pero no de rendición de cuentas, condición necesaria para frenar los abusos y un actuar discrecional.
Es decisivo dimensionar las posibles consecuencias de tales prerrogativas, sobre todo en un contexto en el que el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones civiles de seguridad es incierto, carente de una estrategia y objetivos precisos. Hoy, la única certeza es que el proyecto de la Guardia Nacional está avanzando, con un sinfín de posicionamientos críticos que advierten sobre los potenciales peligros de sostener un modelo de seguridad basado en un paradigma militarista que contempla mecanismos de control político mínimos.
Carolina Jasso González
Politóloga. Egresada de la Especialidad en Seguridad Pública del PUECPYS-UNAM
@CarolinaaJss @ObsNalCiudadano