En días pasados, como ya nos tiene acostumbrados el presidente con las conferencias matutinas dentro del Salón Tesorería del Palacio Nacional, tocó el turno del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, el Dr. Alfonso Durazo Montaño, para informar sobre algunas decisiones del Gabinete de Seguridad en el sentido de reforzar el estado de fuerza en algunas coordinaciones regionales del país, para enfrentar eficazmente los problemas de inseguridad, principalmente tomando en cuenta el indicador de homicidios dolosos. Mencionó quince regiones prioritarias a atender y dos adicionales para enfocar los esfuerzos, dotando a estas regiones de 600 elementos de manera permanente, dejando claro el déficit de personal de seguridad y la urgencia de contar con la Guardia Nacional, muy cuestionada por cierto.
Las acciones inmediatas de la estrategia integral anunciadas fueron: 1) Agregar 600 elementos de fuerza a cada coordinación regional, 2) Desplegar la estrategia de prevención de la violencia en esas coordinaciones, 3) Acelerar la operación de los programas integrales de desarrollo del Gobierno Federal y 4) Incorporar a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, al sector privado, a organizaciones sociales y académicas en los trabajos de seguridad. En este último punto reconoció experiencias muy relevantes de la participación del sector privado y social en el país, citando ejemplos como Ciudad Juárez, Monterrey, Tampico y La Laguna, ciudades que han ensayado modelos exitosos de participación.
En ese sentido habría que analizar que hicieron esas regiones para que hoy sean consideradas casos de superación y ejemplo a nivel nacional. Obviamente habrá espacios para mejorar mucho más la seguridad en esas regiones, pero el común denominador con evidencia contundente fue la participación activa de la sociedad como detonante para que hoy se cuente con mejores condiciones de seguridad. Hablando del extraño caso de la Comarca Lagunera, ya que a esta región la dividen dos estados, que paradójicamente los une en una misma metrópoli, vale la pena analizar con detenimiento que se hizo al menos desde el ámbito de la sociedad civil y del sector privado.
Entre otras cosas importantes, fue constituir, formar un organismo 100% ciudadano, autónomo, independiente, con aliados locales y nacionales que diera seguimiento puntual al fenómeno delictivo, una medición permanente y siempre “metropolitana” en búsqueda de homologar criterios y acciones. Así fue como se forma el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna hace ya siete años, un observatorio certificado y que además forma parte de la Red Nacional de Observatorios.
En el tema de seguridad no existen barreras geográficas, ni constitucionales, siempre y cuando lo que se busque sea garantizar la seguridad de los ciudadanos. Los acuerdos y las voluntades de ambos gobiernos fueron esenciales y determinantes. Cuando las problemáticas van y vienen en ambos municipios conurbados se tiene la necesidad imperiosa de una coordinación metropolitana eficiente, no solamente de discurso. Era imperante luego darle esa certeza, creando así un elemento muy importante por iniciativa del sector privado y social, esta figura se nombra Mando Especial de la Laguna, con el firme propósito de coordinar los esfuerzos “metropolitanos” de los tres niveles de gobierno, y que además respetara la autonomía y la soberanía de los Estados y de los municipios.
Este Mando Especial que lo encabeza un General de Estado Mayor del Ejército Mexicano cuenta con apoyo de un estado de fuerza de ambos Estados, una “Fuerza Metropolitana” con identidad propia, con elementos de Coahuila y Durango capaz de atender invariablemente eventos y operación en ambos Estados, sin la limitante jurisdicción que evitaba atender acciones conjuntas en un estado u otro.
Gracias a esta visión metropolitana surge la necesidad de atender también la problemática de secuestro que afectaba dolosamente años atrás. Se crea así la Unidad Especial contra el Secuestro (UECS) a mediados de 2017 y ha tenido resultados destacables. En poco tiempo de creación ha logrado desarticular a numerosas bandas de secuestradores, ha coordinado esfuerzos incluso con otros Estados y ha logrado sentencias en procedimientos abreviados de hasta 30 a 40 años de prisión.
Otro de los aciertos en la materia fue la instalación de las Mesas de Seguridad y Justicia, a propuesta de la Fundación México SOS, primero en Torreón y posteriormente en La Laguna de Durango, espacios donde se ha logrado el compromiso y cumplimiento de una agenda sobre los temas más importantes en materia de seguridad y de justicia, que logra reunir a los titulares de los responsables de las distintas instituciones de seguridad, de procuración e impartición de justicia, así como de los centros penitenciarios.
Si bien han sido muchas más las acciones que provienen de sectores distintos a los oficiales se ha logrado armonizar y estrechar lazos con las instituciones de seguridad de los distintos gobiernos para mejorar su desempeño. La colaboración con las fiscalías de ambos Estados para que fluya información periódica ha permitido hacer análisis delictivo para los municipios de la Zona Metropolitana como ejemplo de coadyuvar con las autoridades. Con estos datos se diseñan informes y análisis sobre la incidencia a través de la georreferenciación junto con las características de los diferentes delitos, para construir algoritmos que permitan predecir o inferir los próximos eventos delictivos, así como formular hipótesis de las causas de las conductas delictivas y diseñar con este material estrategias operativas y de prevención del delito.
Hoy podemos presumir de tener tasas de homicidio doloso 2.5 veces por debajo del promedio nacional, y ser una de las diez ciudades con mejor percepción de seguridad en el país. Pero no todo son focos verdes, ya que los retos y los pendientes persisten y deben atenderse. Por mencionar algunos, existe un déficit de policías estatales, pero principalmente de elementos municipales, además el elevado número de quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de las diferentes corporaciones, también el incremento acelerado de detenciones por narcomenudeo y la colindancia con otros Estados como ciertas problemáticas de seguridad, entre otros obstáculos más.
Si bien las condiciones que imperan hoy en la región contrastan con lo que acontece en el ámbito nacional, no es motivo para cesar los esfuerzos, sino todo lo contrario, seguir fortaleciendo las capacidades locales y construir instituciones confiables de la mano de los ciudadanos para poder alcanzar la visión de región que queremos en el futuro. El Estado necesita a los ciudadanos de la misma forma que los ciudadanos al Estado, y en la medida que los ciudadanos contribuyamos junto con las autoridades, se verán sólo así buenos resultados. El sector privado junto con sociedad civil deben ser el motor de cambio involucrándose en asuntos públicos, apoyando y proponiendo a los tomadores de decisión, sin olvidar la visión “metropolitana”.
Marco A. Zamarripa
Director del Consejo Cívico de las Instituciones, A.C.
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