Por María Teresa Martínez
Hace unos días, el Observatorio Nacional Ciudadano presentó el documento “Del dicho al Hecho: la Seguridad en Voz de Peña Nieto”, un trabajo realizado a partir del análisis sistemático de los 232 discursos en los que el expresidente Enrique Peña Nieto hizo alguna mención relativa a la seguridad o la violencia. En un momento en el que parece que la pasada administración ya no es del interés de nadie, la apuesta de este documento es que examinar a detalle la narrativa empleada por el expresidente es un camino para aprender algunas lecciones útiles no sólo para la actual administración, sino también para la sociedad civil organizada y para los ciudadanos en general.
Muchos detalles pueden rescatarse del análisis riguroso que se hizo de más de 2 mil páginas de discurso, pero en este espacio me parece importante rescatar un elemento que apela directamente a nuestra labor desde la sociedad civil: el uso de estadísticas como un instrumento de diagnóstico y rendición de cuentas.
El registro y contabilidad de los delitos tiene una larga historia en México. El esfuerzo inédito de un grupo de investigadores logró reunir una valiosa serie de tiempo de estadisticas delictivas que inicia en 19261. De hecho, el amplio trabajo del historiador Pablo Piccato *2 es un referente que permite dimensionar cómo el registro y reporte de estadísticas criminales es una forma de analizar las dinámicas de las autoridades estatales (policías, ministerios públicos, juzgados), más allá del fenómeno delictivo en sí.
A partir de los años 1990, probablemente debido la llegada de funcionarios entrenados para privilegiar los aspectos técnicos, el registro y reporte de estísticas criminales se convirtió en un lugar común en los documentos de gobierno, tanto en los estados como a nivel federal. Inclusive, se ha llegado a considerar que los gobiernos y todos los que pretendemos comprender este fenómeno, hemos incurrido en un “fetichismo” de la estadística3, mentando obsesivamente las curvas de delitos, sus inflexiones, subidas y bajadas como si en esas líneas quedara capturada toda la realidad del fenómeno criminal, lo que sea que esto signifique.
Y es que, hablar de tasas de homicidio por cada 100 mil habitante se volvió parte del lenguaje común, por no hablar de las tendencias de delitos patrimoniales. Las estadísticas, dimos por hecho, son la forma en la que los gobiernos pueden rendir cuentas sobre su desempeño y sobre los alcances de las medidas que toman en materia de seguridad y violencia. Sin embargo, al analizar los discursos del expresidente Peña Nieto se documentó que, de hecho, las mediciones de incidencia delictiva que aparecen en el lenguaje de todos, por sí solas, no alcanzan para garantizar la rendición de cuentas.
Como puede leerse en el reporte citado, el exmandatario se servía de las cifras de manera poco sistemática, siendo preciso y generoso con los detalles en algunos momentos –los menos- mientras que la mayoría de las veces utilizaba este recurso con vaguedad y, en todos los casos, no como un modo de reconocer las áreas en las que su política tenía que mejorar sino, para resaltar sus avances. Al ser tan magros, es de esperarse que el dato estadístico estuviera ahí, utilizado más como un adorno que como una pieza informativa.
Que un político incorpore en su discurso las estadísticas como mejor le convengan no parece una novedad. ¿Cuál es entonces la lección que debemos aprender? No se trata de descartar las estadísticas y comenzar a buscar otras formas de convocar a los tomadores de decisiones a rendir cuentas. En todo caso, se trata de hacer que este elemento técnico deje de ser un caballo de batalla que, de tanto mencionarse en cualquier espacio y de cualquier manera, aparece ya sin rigor, con referentes temporales y de espacio variados y manipulables. En otras palabras, fijar la vista en que las estadísticas, a pesar de sus límites, son un mecanismo precioso para seguir el trazo de la política de seguridad. Para ello, tocará evitar el “fetichismo” y el conformarnos con porcentajes dichos aquí y allá sin ningún orden o estructura.
Tal vez, convendría inspirarse de experiencias como la de la ciudad Brasileña de Belo Horizonte4, en la que fueron los académicos y consejos ciudadanos los que, en una relación directa con los cuerpos policiacos, lograron fortalecer los registros, uniformarlos y, posteriormente, ponerlos en el debate público para los vecinos quienes, a partir de ahí, participaron en la definición de prioridades en materia de seguridad pública. Además de que esto resultó en programas más orientados a lo comunitario, puso en manos de los ciudadanos el poder de las estadísticas. Desde luego, esta lección sólo se entiende en una escala local (la ciudad en este caso), lo que nos lleva, una vez más, a afirmar que cualquier proyecto de seguridad o mecanismo de seguimiento debiera priorizar este nivel sobre lo macro.
1
@TereMartinez @ObsNalCiudadano
Piccato, Pablo, Hidalgo, Sara y Lajous Andrés, 2018. “Estadísticas del crimen: series históricas 1926-2008: Introducción”. Disponible en: https://ppiccato.shinyapps.io/judiciales//. Consultado: 1 de Agosto de 2018.
2
Piccato, Pablo (2010). The Tyranny of Opinion: Honor in the Construction of the Mexican Public Sphere, Duke: Duke University Press, 388 pp.; Beltrán, Ira y Piccato, Pablo (2004). “Crimen en el Siglo XX: Fragmentos de Análisis sobre la evidencia cuantitativa” en Rodríguez Kuri, Ariel y Tamayo Flores-Alatorre, Sergio (Coord.), Los últimos cien años, los próximos cien…, México: UAM-Azcapotzalco, p. 13-44; Lajous, Andrés y Piccato, Pablo (2018). “Tendencia históricas del crimen en México”, Nexos, Abril.
3
Escalante Gonzalbo, Fernando (2015). El crimen como realidad y representación, México: El Colegio de México, 255 p.
4
Arias, D. (2006), Drugs and Democracy in Rio de Janeiro: trafficking, social networks and Public Security, The University of North Carolina Press, 279 pp.
