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Desde hace dos años el exoficial Mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Emilio Zebadúa, mantiene paralizada la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra por la Estafa maestra.
Mediante suspensiones que le fueron concedidas por un juez federal en Chiapas, el más cercano colaborador de la extitular de Sedesol y Sedatu Rosario Robles, ha logrado que la FGR no pueda avanzar en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público, y por los desvíos en la Estafa maestra.
Aunque la fiscalía general intentó revocar la suspensión provisional que fue concedida por el juez Tercero de Distrito en Chiapas, un Tribunal Colegiado en la entidad desechó su petición.
Actualmente, la FGR mantiene en trámite un recurso de revisión en contra de la suspensión definitiva que el mismo juez de Distrito concedió a Zebadúa en agosto de 2020.
En su demanda de amparo, el exfuncionario que presuntamente firmó los contratos a través de los cuales se realizaron los desvíos millonarios de la Estafa maestra solicitó al juez de Amparo ordenar a la FGR que declare que el delito de ejercicio indebido del servicio público, que busca imputarle, ya prescribió.
Con este alegato, Zebadúa busca que la Fiscalía General de la República ya no pueda continuar la investigación en su contra ni intente llevarlo a juicio para enfrentar la acusación. Mientras tanto, el exfuncionario pretende convertirse en testigo colaborador de la FGR para proceder en contra del resto de los involucrados en el caso y, entre ellos, de Rosario Robles Berlanga.
A pesar de esto, la defensa de Robles Berlanga logró que el juez de Control, Ganther Alejandro Villar Ceballos, ordenara citar a Zebadúa como testigo a su favor en el juicio de ejercicio indebido del servicio público que mantiene a la exsecretaria de la Sedatu y Sedesol, que se encuentra en prisión desde el año 2019.
Antecedentes
Esta no es la primera vez que Zebadúa González pide que se declare prescrito el delito y, aunque solicitó amparo a un juez federal de la Ciudad de México, en marzo pasado el juzgador decidió sobreseer el juicio porque afirmó que el Código Penal Federal no obliga a la fiscalía general a realizar este pronunciamiento.
Como oficial Mayor de Sedesol y Sedatu, Zebadúa González formó parte del procedimiento administrativo iniciado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuando detectó las irregularidades por las que se desviaron los recursos que ocasionaron un daño fijado en 5 mil 500 millones de pesos.
De acuerdo con las pruebas ofrecidas por Robles Berlanga, ella le instruyó a Zebadúa González atender los requerimientos de la auditoría superior cuando fueron advertidas las irregularidades en las contrataciones.
La propia Rosario Robles también ha solicitado que se declare prescrito el delito por el que permanece vinculada a proceso, pues su defensa afirmó que el mismo ya fue derogado y que, en todo caso, puede ser requerida por la vía administrativa y no por la vía penal.
Esta petición fue desestimada por el juez de Control Villar Ceballos, y mediante un amparo, Robles obtuvo una suspensión por la cual dicho juzgador no puede dictar auto de apertura a juicio hasta que se resuelva si la defensa de la exfuncionaria tiene la razón o si la FGR puede continuar con el caso en su contra.
