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A unas horas de que venza el plazo legal, diputados federales de Morena entregaron 300 mil firmas ciudadanas a integrantes de distintos colectivos, como el de los jóvenes de Ayotzinapa, para que se realice una consulta popular, se investigue y en su caso se enjuicie a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Las firmas fueron entregadas por el líder de Morena en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo, y la vicepresidenta, Dolores Padierna Luna, a Omar García, sobreviviente de los estudiantes de Ayotzinapa, y a la activista y desplazada de Guerrero, Ariadna Bahena, quienes están haciendo la recopilación de las rúbricas.
Ambos activistas describieron que con estas 300 mil ya están arriba del millón 800 mil firmas, lo que establece la ley y estiman que llegarán a las 2 millones de rúbricas, por lo que este martes 15 de septiembre serán entregadas al Senado de la República, pues ahí iniciaron con su aviso de intención para llevar a cabo una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República por corrupción.
La vicepresidenta de la Cámara Baja, Padierna Luna, informó que estas firmas tendrán que ser foliadas y se sumarán a las que están recopilando también sindicatos, los partidos de Morena y el PT, asociaciones civiles y que se entregarán al Senado.
A su vez, el grupo legislativo del PT en la Cámara de Diputados anunció que, por su parte, sus representantes también colaborarán con este ejercicio e informó que entre anoche y este martes 15 de septiembre se hará el recuento de las firmas ciudadanas que se recolectaron en todo el país para presentar esta solicitud.
De manera paralela, adelantaron que también se va a presentar otra petición con firmas de los diputados federales de la Cuarta Transformación para este propósito, y precisaron que no ven problema para que se consigan.
Legisladores petistas explicaron que uno de los detalles que más están cuidando es la redacción de la pregunta que se les haría a los ciudadanos en este ejercicio de democracia, para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les eche abajo sus solicitudes.
