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Juana Alonzo Santizo contesta el teléfono desde una prisión estatal de Reynosa, Tamaulipas, en la que ha estado encerrada por más de seis años sin haber recibido una sentencia. “Ya estuvo bueno”, dice en reiteradas ocasiones esta mujer indígena guatemalteca, con una voz cansada de innumerables injusticias.
“Juanita”, como la conocen sus seres queridos, salió de la comunidad de San Mateo Ixtatán por los mismos motivos que lo hacen miles de centroamericanos cada año: la violencia y la pobreza los orilla a buscar una mejor vida en el norte del continente.
La travesía de Juanita inició a mediados del 2014, cuando por fin llegó a México, una tierra azarosa para los migrantes. Según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en los últimos cinco años más de 3 mil 600 extranjeros fueron víctimas de un delito en el país, pero organizaciones expertas en la materia alertan que pueden ser más.
Alonzo Santizo logró llegar hasta el municipio de Reynosa con la ayuda de un “pollero”, una persona dedicada a transportar migrantes hacia Estados Unidos. Ya en la localidad, la joven fue ingresada a una vivienda previo a atravesar la frontera norte.
Debido a su origen indígena, la guatemalteca no hablaba español y por lo tanto no entendía nada de lo que pasaba a su alrededor. Tampoco comprendió ni una palabra de lo que le dijeron policías municipales cuando ingresaron a la vivienda, luego de recibir un reporte de secuestro, y se la llevaron a la estación de policía con base a golpes y amenazas.
Una de las mujeres que se encontraba en la casa logró advertir a las autoridades su secuestro y acusó a Juanita de ser cómplice. El resto fue una cadena de irregularidades que hoy tienen a la joven a miles de kilómetros de sus amigos y familiares.
Cuando la llevaron ante el ministerio público, Juanita no tuvo acceso a ningún traductor, un abogado y tampoco recibió asistencia consular. Ella asegura que los agentes le dieron un documento y le pidieron firmarlo, pensando que la iban a poner en libertad, pero en realidad era una declaración donde se autoinculpaba.
“Ya estuvo, ya es mucho tiempo el que he estado aquí, van a ser siete años y yo estoy limpia, lo que quiero de las autoridades y del juez es que se haga justicia”, comenta Juanita en entrevista telefónica con EL UNIVERSAL.
Durante los últimos años Juanita ha sido acompañada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). El representante de ese organismo internacional en México declara que la situación de la joven no es aislada, sino que las mujeres migrantes sufren distintas vulneraciones en su tránsito por nuestro país.
“El caso de Juana Alonso ilustra las dificultades que enfrentan las mujeres y las personas migrantes e indígenas en lograr el efectivo acceso a la justicia en el sistema penal mexicano”, expresa Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH.
Abrazar a su familia y retomar sus estudios es lo primero que quiere hacer Alonzo Santizo cuando salga de prisión, donde poco a poco ha aprendido a hablar español con ayuda de sus compañeras internas.
Por su parte, los abogados de Juanita critican que su caso ha quedado prácticamente en el limbo, ya que han pasado varios meses desde la última audiencia con el juez. Esto es porque los testigos que el ministerio público ha llamado a declarar no acuden a la cita e incluso no se tiene conocimiento de que sigan en Tamaulipas.
La acusación en contra de la migrante sólo se basan en los dichos de quienes la señalaron de ser cómplice de una banda de secuestradores, sin que ella se pudiera defender por las barreras lingüísticas.
“Me duele mucho estar aquí, a veces pienso que en poco tiempo ya puedo estar allá afuera, pero sigue lo mismo y sigue la mismo, no vemos nada (de avances en la investigación) y creo que ya fue mucho”, concluye Juanita.
