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Los resultados de la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación detallan que durante los sismos del año pasado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no levantó información en la totalidad de los municipios que se encontraban listados dentro de las declaratorias de desastre natural y de emergencia extraordinaria, y que sólo llevó a cabo el proceso en 52.4% de los municipios y delegaciones afectadas (377 de los 720 listados).
La ASF señaló que la dependencia federal tampoco acreditó el levantamiento de información en la totalidad de las viviendas de los municipios con declaratoria, puesto que únicamente obtuvo información de 3.7% de las viviendas, es decir, 172 mil 26 de las 4 millones 654 mil 95 viviendas existentes.
“La Sedatu desconoció el diagnóstico de los daños en las 2 millones 451 mil 407 viviendas y 8 millones 750 mil 407 personas que habitaban en los 343 municipios que no fueron censados y que contaron con declaratoria de desastre”.
También al revisar las acciones hechas en 2017 por la Sedatu, la auditoria superior informó que se presume un probable daño a la hacienda pública federal por un monto de un millón 238 mil 665.55 pesos por recursos correspondientes al Programa de Apoyo a la Vivienda 2017, que por concepto de viáticos y gastos de mantenimiento se transfirieron de las cuentas bancarias de la dependencia a una cuenta personal del ex subdirector de la Unidad de Vivienda en la Delegación Estatal en Morelos.
Lo anterior se explicó en el informe, “sin que [la dependencia] proporcionara la documentación comprobatoria de los gastos, ni la evidencia de su reintegro a la Tesorería de la Federación”.
