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Laura Rojas (PAN), presidenta de la Cámara Baja, se pronunció por que se abra una investigación por la desaparición de 320 vehículos en la base de datos del inventario operativo o funcional de los vehículos patrimoniales del Instituto Nacional Electoral (INE).
En conferencia de prensa, aseguró que es necesario revisar qué sucedió con esta situación.
El martes pasado, EL UNIVERSAL publicó que, sin informar modelos ni marcas, el Órgano Interno de Control (OIC) del instituto publicó que no encontró 320 vehículos en la base de datos del organismo; además, dio a conocer que otros 44 vehículos, identificados físicamente, no estaban registrados en el Sistema de Administración del Instituto (Siga).
En un informe que envió a la Cámara de Diputados, correspondiente al primer semestre de 2019, el OIC también describió que se identificaron 208 resguardos vehiculares que no están a nombre de los titulares de unidades responsables donde están asignados los vehículos, es decir, a las oficinas centrales del INE.
Por otro lado, detalló que en 13 casos no se acreditó el resguardo correspondiente del auto.
Morena se suma a solicitud. El diputado de Morena y coordinador de la reforma electoral de su bancada, Sergio Gutiérrez, pidió una investigación en el INE y en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para deslindar responsabilidades, así como que se sancione a los responsables.
Reiteró que en el instituto electoral deben ser más austeros, pues a pesar de que sus labores son importantes, se puede hacer bien su trabajo con menos recursos.
“Su gasto es demasiado importante y sus labores también lo son, pero no está reñido el gastar menos con hacer eficazmente tu trabajo.
“En el caso de los vehículos deben deslindarse las responsabilidades porque no son dos o tres. Tendrá que verificar [la situación] la Auditoría Superior de la Federación y la Contraloría Interna para deslindar responsabilidades”, explicó el diputado morenista.
Afirmó que el que no haya un control del parque vehicular en el INE denota que hay un desorden interno: “Nos refleja esta auditoría el gran desorden administrativo que hay en el instituto. Viene un poco en el contexto, en el análisis, que estamos haciendo del Presupuesto de Egresos de la Federación, porque si se estaban pagando el seguro de esos vehículos, es claro que no se está teniendo cuidado con el gasto del dinero”.
En el informe que publicó EL UNIVERSAL el martes pasado, la Contraloría Interna informó que en 81 de 95 casos de vehículos enajenados se continuó pagando la póliza de cobertura amplia y no se ajustó a la de contenidos (menos onerosa), una vez que fueron autorizados en el Programa Anual de Desincorporación de Bienes Muebles y de Consumo 2018, por lo que existen primas pagadas pendientes de recuperar por un monto aproximado de 67 mil pesos.
