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Durante el mandato del expresidente de Bolivia, Evo Morales, en 2009 se realizaron adecuaciones a la Constitución Política, entre ellas, elegir mediante el voto popular a los magistrados, siendo el único país de América Latina que designa así a los integrantes del Poder Judicial.
Hoy el Poder Judicial de Bolivia enfrenta una crisis, porque no se han votado los ministros que deben sustituir a los que culminaron sus funciones el 31 de diciembre de 2023. Los magistrados salientes luchan por una prórroga de seis años para mantenerse en sus cargos; sin embargo, según la ley, al mantenerse en sus puestos, lo hacen de manera anticonstitucional.
Ante esta situación, el exmandatario Evo Morales manifestó a través de redes sociales: “No se puede entender el pacto entre el gobierno y los exmagistrados autoprorrogados inconstitucionalmente. Para el MAS-IPSP es un pacto de impunidad, de protección al narcotráfico, a la corrupción. Es un golpe judicial, es la desinstitucionalizacion del Estado”, subrayó.
Morales agregó que el actual gobierno, encabezado por Luis Arce, no escuchó a las Naciones Unidas ni a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 26 de septiembre de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado a Bolivia para que adoptara las medidas necesarias para garantizar la independencia de los poderes y el funcionamiento del sistema de justicia.
Reiteró que dicho proceso debe estar libre de cualquier influencia política, con el propósito de generar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
“La Comisión Interamericana recuerda que, según los estándares interamericanos, los procesos de nombramientos y selección de magistraturas revisten una importancia fundamental para asegurar la independencia, imparcialidad, eficacia de los órganos judiciales”.
También, organizaciones de la sociedad civil y representantes de las distintas fuerzas políticas han exigido la atención prioritaria a dicho proyecto, con el fin de garantizar la realización del proceso electoral. Además, en las últimas semanas la población se ha manifestado cerrando carreteras de Bolivia.
El 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una reforma al Poder Judicial para que, entre otros asuntos, los jueces, ministros, magistrados y consejeros electorales se elijan por voto popular.
El Ejecutivo federal ha criticado en distintas ocasiones al Poder Judicial, lo ha acusado de estar podrido y de lado de los conservadores.
Morena, a su vez, anunció en días pasados que presentará un juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán por haber utilizado el voto de calidad para dar revés a la reforma eléctrica.
