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La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) señaló que el problema de la reforma judicial no radica en la elección popular de jueces, magistrados y ministros o en que se otorgue demasiado poder a la población, lo preocupante está en que la votación de autoridades judiciales filtrada por intereses políticos y las fallas conocidas, debilitarían la protección de los derechos humanos y la seguridad, y dejarían a las personas expuestas a la impunidad y el abuso.
“México merece un Poder Judicial independiente, comprometido con los derechos humanos, y un sistema de procuración de justicia con mayor capacidad para esclarecer delitos y perseguir a quienes los cometen, basándose en pruebas sólidas. La reforma propuesta está lejos de avanzar hacia esos objetivos imprescindibles para garantizar el acceso a la justicia”, destacó.
El organismo no gubernamental WOLA recalcó que en los últimos años el presidente López Obrador ha señalado al Poder Judicial como responsable de la impunidad, y de manera continua exhibe a jueces por liberar personas, dando a entender que es producto de prácticas corruptas, promoviendo la idea que el castigo debe prevalecer por encima del debido proceso.
Sin embargo, en su informe Transformación Militarizada indica que la mayoría de los casos de impunidad no son atribuibles a las autoridades judiciales, lo que no significa que no haya corrupción en el Poder Judicial. Se trata de ubicar dónde ocurre la impunidad y eso ocurre en la investigación de las fiscalías. Del pequeño porcentaje de delitos que llega a la autoridad judicial, los jueces suelen ratificar las detenciones en flagrancia; imponen prisión preventiva por regla, y las personas son condenadas en la mayoría de los casos, expuso WOLA.
