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El voto electrónico podría ser la clave para reducir el costo de las elecciones en el futuro, pero no en lo inmediato, puesto que se requiere blindaje reforzado para garantizar, al menos, inviolabilidad del sufragio, que sólo se emita uno por elector, sin presiones y con plena certeza en la emisión, transmisión, recepción y cómputo del voto.
Así, el Instituto Nacional Electoral (INE) se trazó una ruta de mediano y largo plazo que contempla a mediados de 2019 estudios y un modelo de votación electrónica a fines de año para su desarrollo y fase de pruebas en 2020.
El INE comenzará a trabajar en ello con dos años de anticipación para aplicar la nueva modalidad de votación electrónica en ocho entidades que tendrán elecciones en 2021, en donde la ley permite la votación de connacionales residentes en el exterior.
Eso servirá como plataforma de prueba para permitir en la jornada de 2024 que los mexicanos extranjeros puedan votar en comicios federales por la vía online, según ha expresado el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
En entrevista, el consejero Enrique Andrade González estableció que con miras a esa meta en el INE se va “a trabajar todo el año para ver si [se puede] lograr ese desarrollo y si [se tiene] el acompañamiento de los partidos”.
Pero recordó que se tiene que desarrollar conceptualmente el sistema, ver cuál es la mejor tecnología y valorar cuáles serían los requisitos mínimos, para entonces establecer “qué es necesario adquirir en el INE o qué podemos desarrollar para ver si se puede tener un sistema de votación electrónico tentativo para los primeros seis meses de 2019, que podamos probar, y luego la necesidad de que sea auditado por dos empresas de prestigio internacional”.
Es decir, aún falta mucho en el camino de abaratar las elecciones por la vía de un mecanismo de voto en línea.
Mientras tanto, el INE está obligado por la Constitución a operar una “elección analógica”, en la que el sufragio se da en papel y él cómputo es manual; esto es, voto por voto.
Abaratar costos
Andrade González estimó que tal como está hoy la ley, la modalidad de voto electrónico sería la forma más viable para reducir el costo de los comicios o incluso de las consultas.
“La utilización de tecnología es la mejor alternativa que el mercado ha desarrollado, existe y nada más habría que adaptarlo a las necesidades concretas que podríamos tener en caso de haber una consulta que, de acuerdo con lo que he escuchado, sería en marzo y la posibilidad de hacerla pudiera ser vía internet”, estableció.
Se requerirán tiempo y recursos para que el sistema sea auditado y confiable.
Hoy las reglas obligan al organismo electoral a organizar votaciones analógicas y, en procesos federales, a visitar a 13 % de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores (LNE), para capacitar a los que fungirán como funcionarios de mesas de casilla, lo que implica la contratación de miles de capacitadores, asistentes y supervisores que recorren el país.
En 2018 obligó al INE a la contratación de 45 mil capacitadores durante casi cinco meses para visitar 11.4 millones de ciudadanos, de modo que para capacitación y organización de los comicios federales y locales se destinaron más de mil millones de pesos.
El segundo elemento que encarece los procesos electorales es la impresión de papelería electoral, al menos 89 millones de boletas —una para garantizar el derecho al voto de cada ciudadano en LNE— y para cada nivel de elección, además de que todas deberán imprimirse en papel seguridad.
Así, en el proceso 2018 se imprimieron más de 200 millones de boletas en ese papel infalsificable, puesto que es el que se usa para los billetes.
A eso se suman costos de mamparas, tinta indeleble, marcadores, crayones, y en traslado y custodia de las boletas, además del traslado de paquetes electorales para su cómputo en consejos distritales. Los costos de una elección se extienden hasta meses o años después, una vez que se aprueba la destrucción de paquetería y material electoral.
Fracaso de 2018
La reforma electoral de 2014 abrió la puerta a iniciar la modalidad del voto electrónico para los connacionales que residen fuera del territorio nacional, pero siempre y cuando el INE garantizara un sistema que diera certeza al sufragio.
En 2018 no fue posible ni en su modalidad de urna y boleta electrónica, por internet o vía aplicación para dispositivos móviles, puesto que la ley obligó al organismo a que cualquier modalidad fuera auditada por dos empresas de prestigio y experiencia internacional, para lo cual ya no hubo tiempo ni recursos.
El INE llegó a esa conclusión tras valorar tres escenarios. En el primero debía erogar de 168 a 428 millones de pesos con un sistema contratado externamente; es decir, con la adquisición de licencias, lo que aumentaría el costo según número de votantes y acumulativo para cada uno de los procesos en los que se usara.
En cambio, para desarrollar un sistema internamente, el INE previó un costo de 76 millones, tres meses para reclutar expertos, y de seis a ocho meses para contar con una primera versión del sistema para someterla a auditoría, en un tiempo total de 11 meses.
La coparticipación del INE y una empresa implicaría 70.4 millones de pesos y un plazo similar. En cualquiera de los 3 escenarios se incluye el costo de 43.7 millones de pesos en las dos auditorías de ley, a costos de 2016.
Además, los lineamientos del INE para el desarrollo del sistema del sufragio por internet obligan a la auditoría externa extranjera, aun para su aplicación en consultas populares.
Andrade González reconoció que por ahora en el primer semestre de 2019 se analizarán distintas modalidades. Una de ellas es el centro de votación con urna electrónica.
