La violencia institucional es la afectación más común y que genera un impacto agudo en el estado emocional, económico y físico en familiares y víctimas de feminicidio, indica el informe Impactos del Feminicidio en México y las respuestas del Estado, presentado por el Observatorio Nacional del Feminicidio (OCNF).
El documento señala que el estigma, la revictimización, la culpabilización y la falta de eficacia de las autoridades para resolver de manera pronta y con perspectiva de género los casos son los actos que más prevalecen al interior de las instituciones encargadas de impartir justicia tras el asesinato de las mujeres.
Manifiesta que la debilidad del tipo penal, las deficiencias estructurales en las fiscalías —como la falta de personal, la ausencia de una estructura mínima para operar, instalaciones adecuadas, errores del personal pericial, además de no contar con especialistas en el ámbito social para analizar el contexto de violencia en el que se encontraban inmersas las víctimas— son otras circunstancias que atenúan la obtención de justicia.
Este informe, difundido en el marco del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, explica que la revictimización que los familiares y las mujeres sufren empieza desde el primer acercamiento con las autoridades pues, según testimonios recabados, se ha presentado desde la visita o encuentro con la policía luego de la agresión y se prolonga a lo largo del procedimiento legal.
Resalta que las víctimas esperan del sistema de justicia penal no sólo una sentencia judicial en contra del responsable del feminicidio o de la tentativa, sino que se cumpla con el deber de descifrar el contexto y circunstancias que le dieron origen.
El OCNF identificó que la violencia institucional proviene de la policía, el Ministerio Público, los servicios periciales y el Poder Judicial. En el caso de la policía, el texto expone que cuando las víctimas o sus familiares llaman para solicitar ayuda por el delito o tentativa, se presenta falta de cuidado, trato insensible y maltrato. También, utilización de estereotipos de género como mecanismo de discriminación, interrogatorios reiterados sobre mismos aspectos y ante diferentes interlocutores y actitudes poco sensibles ante el crimen.
Para la violencia institucional ejercida por el Ministerio Público, el informe muestra que las autoridades de dicho organismo mantienen la negativa de iniciar la conducta delictiva como tentativa de feminicidio, clasificar como feminicidio la muerte violenta de una mujer y desincentivar a las víctimas para la presentación de la denuncia.
Asimismo, el personal de la fiscalía falta al respeto a la dignidad de las víctimas criminalizándolas o responsabilizándolas por su muerte y retrasando avances sustantivos en las investigaciones.
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