San Salvador, El Salvador.— Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, por sus siglas en inglés), la violencia en El Salvador es una de las principales causas de la migración y del desplazamiento interno.
“Numerosas personas se ven forzadas a dejar atrás sus vidas y buscar nuevas alternativas dentro de su país o traspasando las fronteras”, señala un informe del comité.
Ese fue el caso de Victoria Salazar, salvadoreña que murió a manos de la policía de Tulum, Quintana Roo, el pasado 27 de marzo.
La señora Salazar emigró de su país en 2016 y un año después logró obtener asilo por parte del gobierno mexicano, por razones de género.
“De las personas desplazadas que buscan un lugar seguro dentro del país y migrantes que se arriesgan a recorrer la ruta migratoria para llegar a nuevos destinos, muchos son deportados posteriormente”, detalla.
En 2018, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones de El Salvador, con el apoyo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), realizó un estudio sobre la dimensión, tendencias y perfiles de las personas y familias obligadas a movilizarse a causa de la violencia.
El ACNUR estima que, entre 2006 y 2016, se registraron 71 mil 500 desplazados internos, según un ejercicio de perfiles del gobierno.
El informe, denominado Caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador, expone que el perfil demográfico de la población movilizada son grupos familiares jóvenes con una condición de vulnerabilidad notoria.
“El fenómeno afecta en mayor proporción a familias con miembros en edad adolescente (12-17 años) y/o joven (18-29 años), indicando un mayor riesgo de esta población al accionar de los grupos criminales y, por ende, una mayor probabilidad de verse obligados a movilizarse internamente”, se agrega.
Las mujeres, como en el total de la población del país, son también mayoría en la población movilizada por violencia (54%).
El informe destaca que la mayoría de la población (87%) tuvo que movilizarse debido a la victimización directa de uno o más de los integrantes de las familias. “Las amenazas o coacción constituyen la principal causa de movilización (69% de los casos)”.
La extorsión aparece como la segunda causa (24%), y la situación de violencia o inseguridad en las comunidades de origen, como tercera.
En 2020, la Asamblea Legis- lativa de El Salvador aprobó la Ley Especial para la Prevención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, para la protección de los derechos del sector.
La norma garantiza los derechos de las víctimas y deja claro que las autoridades deben procurar que las familias puedan retornar a su lugar de origen o reubicarse en otro que cuente con las garantías de seguridad y dignidad.
