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Autoridades federales y estatales han tenido que separar de su familia al menos a 9 mil 298 menores de edad, porque, de acuerdo con las autoridades, fueron víctimas de algún tipo de violencia por parte de sus padres.
Información a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, indica que los actos violentos fueron cometidos en 20 estados de la República entre 2006 y octubre de 2019.
A nivel estatal y federal el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha sido la institución responsable de resguardar a los menores de edad que fueron violentados en su círculo más cercano.
El DIF actúa a través de sus procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, y también protege a las víctimas cuando el agente del Ministerio Público (MP) o un juez le solicita su intervención, al acreditar las situaciones de riesgo a las que están expuestos los pequeños.
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La cifra de violencia contra este sector de la población podría ser mayor debido a que 12 entidades no proporcionaron información al respecto.
En respuesta a las solicitudes de información enviadas a todos los DIF estatales y al federal, estos estados respondieron que no es su competencia separar a los menores de sus padres.
A diferencia de esas 12 zonas del país, Sonora fue el estado que informó de un mayor número de separaciones de hijos y padres, con 3 mil 128 casos; en Yucatán, mil 337; en Durango, 878; en San Luis Potosí, 831; en Guanajuato, 650; en Baja California, 510; en Aguascalientes, 495; en Guerrero, 371; en Morelos, 121, y en Nayarit, 80.
Por su parte, el DIF federal ha resguardado a 763 menores de edad. En este caso la dependencia añadió que tiene cinco centros de atención disponibles para que los pequeños puedan vivir mientras se decide si vuelven con sus papás, si son entregados a otro familiar o si se ponen en adopción.
A pesar de que 20 entidades tienen un reporte de incidentes de este tipo, no todas registran la edad de los afectados o el presunto ilícito cometido.
Sin embargo, de la información que sí está disponible, se conoció que en Yucatán, el segundo estado con más incidentes registrados, los casos de abandono, omisión de cuidados, violencia familiar y delitos de carácter sexual son los que han proliferado.
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En Guanajuato, considerada la entidad más violenta de México, se han presentado esos mismos incidentes y, además, los maltratos físicos y emocionales.
En otras regiones del país, los menores también han sido separados de sus padres porque estos son investigados por delitos federales, cometieron delitos contra la salud, negligencia en los cuidados o simplemente se buscaba proteger la integridad física y emocional del pequeño.
En cuanto a las edades, los DIF indican que no hay niño, niña o adolescente que se haya salvado de alguna agresión en su círculo cercano, debido a que han sido víctimas personas desde los meses de nacida hasta los 17 años.
Lamentan agresiones a menores
Especialistas en derecho de la infancia explicaron que los datos proporcionados por los DIF son producto de una cultura que ha naturalizado la violencia contra los menores de edad, por ejemplo, a través de la creencia de que los pequeños pueden ser educados mediante golpes.
De igual forma, alertaron sobre los retos que tienen las autoridades para frenar la violencia contra este sector de la población, debido a que si no es atendida esta problemática social ahora mismo, podría reproducirse e impactar a futuras generaciones.
Diohema Anlleu, directora de Incidencia y Comunicación de la Fundación Juconi A.C., detalló que la violencia contra los menores de edad funciona como una cadena; es decir, si una persona es agredida en edad temprana, existe el riesgo de que pueda comportarse de la misma manera siendo un adulto. Por ese motivo hizo un llamado para atender la situación de inmediato y romper el “ciclo de la violencia”.
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La Fundación Juconi es una asociación que recibe, a través de los DIF, a niños que fueron víctimas de violencia. De esta manera, junto con las autoridades, las organizaciones civiles han tratado de defender y promover los derechos de la infancia.
Anlleu precisó que algunas de las actividades que realizan están orientadas a la reintegración familiar para tratar de unir a los menores con sus padres; sin embargo, hay casos en lo que esto es imposible y los pequeños quedan bajo el cuidado de otra persona.
Respecto a la cifra de 9 mil 298 menores de edad separados de sus padres, la especialista consideró que la cifra no dimensiona el verdadero tamaño del problema, porque hay diversos tipos de agresiones que no se denuncian.
“En la cuestión de la violencia en la familia, muchos de estos casos se denuncian porque son extremos y porque un servicio médico o la escuela lo detectó, pero sabemos que hay situaciones en las que no se le dan los cuidados necesarios al niño para su bienestar y eso también es violencia”, aseveró la directora de incidencia de la fundación.
¿Disciplina o agresión?
El estudio Panorama Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, presentado el año pasado por la UNICEF (agencia de Naciones Unidas que vela por el desarrollo y bienestar de los niños), reveló que en México 63% de los menores de entre uno y 14 años han experimentado al menos una forma de disciplina violenta.
De igual forma, las agresiones más comunes contra este sector de la población son las de tipo sicológico, seguidas por los castigos físicos, sexuales o incluso la violencia con armas de fuego.
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La UNICEF reportó que cuatro de cada 10 madres, y dos de cada 10 padres, aceptaron golpear a sus hijos o hijas en un episodio de enojo.
Además, las agresiones sicológicas estarían afectando principalmente a los pequeños de tres a nueve años.
Sobre este tema, Juan Martín Pérez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), comenta que el país está fundado en una visión vieja que considera a los niños de propiedad familiar y eso influye en los maltratos.
“Se ha normalizado la violencia porque se cree que los niños son objetos, es algo que se formó desde el siglo pasado, porque incluso los padres permitían que en las escuelas fueran maltratos. Ahora eso ha cambiado, pero es parte de la cultura y no lo podemos erradicar fácilmente”, dijo.
Más casos
La explicación de Juan Martín Pérez se materializa en varios casos que han sido documentados por diferentes medios de comunicación; por ejemplo, esta casa editorial informó el 1 de octubre de 2019 cómo la policía municipal de Guasave, en Sinaloa, recuperó a un niño que estaba atado a un árbol.
En el operativo también fue detenido el padre del menor, quien aseveró que amarró a su hijo porque “no atendía las órdenes que se le daban y era muy inquieto”.
Otro caso publicado en las páginas de este diario se dio a conocer el 4 de abril de 2019. En esa ocasión fue la historia de Víctor, otro niño de Sinaloa que fue rescatado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, luego de que su madre le quemó la boca con un utensilio de cocina caliente.
Por una denuncia anónima, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas Niños y Adolescentes encontró al menor de edad abandonado en una casa de la colonia Benito Juárez, en Mazatlán; como parte de su atención, Víctor tuvo que recibir cuidados sicológicos y médicos.
Este caso llamó mucho la atención de los sinaloenses porque dos días antes, el 2 de abril de 2019 en el municipio de Guasave, las niñas Brenda y Alicia, de tres y dos años, respectivamente, fueron abandonadas en una casa e incluso una de ellas fue atada con una cuerda a la ventana.
La madre de las dos menores de edad dijo en su comparecencia ante un juez que debido a que no tenía recursos económicos, ni tampoco una pareja, se veía en la necesidad de dejar solas a sus hijas cuatro días a la semana, mientras ella trabajaba 12 horas continuas.
