Luego que en febrero de este año fallara, la Fiscalía General de la República (FGR) por fin logró que un juez de control en la Ciudad de México vinculara a proceso a Ramón Sosamontes, excolaborador de Rosario Robles, cuando estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, por el caso de la “Estafa Maestra”.
A diferencia de Robles Berlanga, el ex jefe de la oficina de Comunicación Social de la extinta Secretaría de Desarrollo Social llevará su proceso en libertad, pues sólo se le prohibió salir del país.
Lo acusan de ocasionar un daño patrimonial de más de 353 mdp
En audiencia, la FGR acusó a Sosamontes de contratar de manera indebida, en 2014 como jefe de Comunicación Social de Sedesol, servicios con recursos públicos con Radio y Televisión de Hidalgo, los cuales no se realizaron, ocasionando un daño patrimonial de más de 353 millones pesos.
"Con esta acción, se contravinieron todas las normas que la Ley obliga en el uso de recursos públicos destinados a programas de comunicación social, para desviarlos y disgregarlos con propósitos delictivos" aseguró la Fiscalía General de la República.
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En virtud de lo anterior, el juez de control determinó vincular a proceso a Sosamontes por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, contemplado en el Artículo 217 del Código Penal Federal.
Lo anterior en el caso de la “Estafa Maestra”, un esquema mediante el cual dependencias federales presuntamente malversaron recursos públicos a través de convenios con universidades públicas y empresas fantasma que causaron daño al erario por miles de millones de pesos.
El juez de la causa otorgó a la Fiscalía General de la República un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
La FGR busca reactivar las acusaciones contra presuntos implicados en la “Estafa Maestra”, pues el lunes pasado detuvo a al excoordinador de delegaciones de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, por su presunta implicación en el desvío de 124 millones de pesos.
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