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Familiares de personas desaparecidas se manifestaron ayer por la tarde frente a la Secretaría de Gobernación (Segob) con un féretro en el que, según los inconformes, descansaban los restos de Javier González Balcázar, un hombre de más de 40 años que fue encontrado en una fosa clandestina en julio de 2019.
Los manifestantes criticaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no les entregó recursos para pagar los servicios funerarios, por lo que a manera de protesta llevaron el cuerpo de Javier hasta el edificio en el que despacha la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
“Venimos a traer el cuerpo para que vean que no estamos aquí por gusto ni porque queremos un pago de compensación, estamos por un interés generalizado de las miles de víctimas del país”, señaló en entrevista Margarita González, una de las madres de víctimas que estuvo en la manifestación.
Margarita advirtió que si la CEAV no entrega recursos a otras cinco familias para pagar los servicios funerarios de sus seres queridos, llevarán más féretros cada miércoles de este mes y las primeras dos semanas de marzo.
Los cuerpos que podrían ser presentados en la Segob, según la entrevistada, corresponden a personas que fueron encontradas en la misma fosa clandestina del municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, donde estaba Javier en 2019.
Pese a que ya pasaron casi dos años de ese hallazgo, la Fiscalía General de la República (FGR) apenas está entregando los restos y los familiares de las víctimas dicen no tener recursos para velarlos ni enterrarlos.
Según la Ley General de Víctimas, el pago de servicios funerarios es un derecho que el Estado mexicano debe garantizar a aquellas personas que se han visto vulneradas por un delito de manera directa o indirecta.
“Es un derecho que por ley nos corresponde y queremos visibilizar ante el mundo entero lo que está pasando, nos están violentando los derechos humanos, ya no sólo de las personas que están fallecidas sino de los familiares de víctimas a quienes revictimizan y no tienen ni para comer mucho menos para pagar gastos funerarios”, señaló doña Margarita.
Además de esta manifestación de familiares de personas desaparecidas, actualmente en la Segob hay plantones de los padres de los niños que perdieron la vida en el incendio de la Guardería ABC, y de supuestas víctimas a manos de elementos del Ejército Mexicano.
Estos grupos tienen en común una demanda: que la CEAV les repare el daño por los delitos que sufrieron y en los que hubo participación de funcionarios públicos.
La reciente desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) es otro motivo por el cual los colectivos de víctimas se han asentado en la Segob, donde bloquean los accesos intermitentemente para que se pueda salir del lugar, pero no entrar.