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Pese a que la llamada Ley Vicaria, que sanciona a padres deudores, existe en 27 estados del país, los jueces se niegan a reconocerla, denunció Alejandra Sánchez González, fundadora del colectivo VASTA, el cual brinda ayuda y protección a madres e infantes víctimas de este tipo de violencia.
Además, lamentó que “desgraciadamente” la violencia machista e institucional constituyen puentes para que la violencia vicaria persista en nuestro país.
“Existen dos fuentes que alimentan este tipo de violencia: la primera es la violencia machista, esa que desde la creencia de que la familia es una propiedad del hombre o del que paga o aporta más tiene más derecho, normaliza conductas violentas hacia las mujeres que no obedecen esas normas”, puntualizó Alejandra Sánchez en entrevista con EL UNIVERSAL.
La especialista expuso que la violencia machista no existiría sin la institucional, ya que juzga desde un enfoque adultocentrista y androcentrista, poniendo los derechos del hombre por encima de los de los niños, niñas y adolescentes y de sus madres a vivir una vida libre de violencia.
Por otro lado, la activista precisó que en entidades donde sí está tipificada la violencia vicaria, jueces y ministerios públicos alegan que no existe o que no la conocen, violando no sólo la ley, sino también los derechos humanos de las mujeres y de sus hijos e hijas.
“De continuar con esta franca negación de autoridades para hacer su trabajo, nuestro esfuerzo para legis-lar en materia de violencia vicaria, es letra muerta”, lamentó.
Al hablar sobre el personal que imparte justicia, como peritos, trabajadores sociales, sicólogos y todos aquellos que intervienen en los procesos de controversias o violencia familiar, la fundadora de VASTA aseguró que México se encuentra en una crisis.
“No se aplican los protocolos para juzgar con perspectiva de género, tampoco de niños, niñas y adolescentes, mucho menos otros como para personas con discapacidad o de la tercera edad”, denunció Alejandra Sánchez, quien también brinda capacitación en materia de violencia vicaria a abogados, autoridades y víctimas.
Lo anterior, dijo, deriva en que los jueces en tribunales familiares sometan a los hijos e hijas, víctimas de violencia por parte de su propio padre, a una tortura al forzarlos a revincularse con su agresor.
“Estamos hablando de que los niños son maltratados por el Estado, atropellando sus derechos, obligándolos a prolongar el trauma en presencia de quien se los generó”, reiteró la especialista.
Sánchez González explicó que en el caso de niños, niñas y adolescentes que son arrancados de sus hogares, son abandonados por el progenitor o sustractor sin importar el simple hecho de haberlos separado de su madre.
“Es de por sí un acto cruel y despiadado. Por otro lado, los ministerios públicos minimizan este tipo de violencia a un pleito de pareja”, dijo.
Del mismo modo, hizo ver que existe una doble moral, pues a las mujeres se les impone socialmente la mayor carga de cuidados de los hijos, pero cuando además de ese cuidado, la madre tiene que protegerlos de la violencia ejercida por su propio padre, la mujer es tachada de “mentirosa, exagerada, dolida, loca”.
Una realidad
Al explicar cómo se ejerce la violencia vicaria hacia las mujeres, Alejandra Sánchez señaló que la persona agresora usa a los seres queridos de la víctima para ejercer dolor y control sobre ella.
“En la mayoría de los casos son los propios padres de los hijos e hijas quienes, valiéndose de los hijos, se vengan de las exparejas que deciden terminar la relación”, señaló la especialista a este diario.
Detalló que la violencia vicaria tiene por objetivo castigar a la mujer “dándole en donde más le duele”, lo que en la mayoría de los casos implica a sus hijos.
Alejandra Sánchez hizo mención de que la violencia que reciben los infantes incluye la privación de recursos dignos y suficientes para sobrevivir, la negligencia cuando están bajo el cuidado del progenitor agresor, golpes, traumatismos y a veces la propia muerte de los niños, niñas o adolescentes.
También, añadió, se presentan casos de violencia sicológica, humillaciones, corrupción de menores, inducción al suicidio, abuso sexual, sustracción, retención y ocultamiento, ruptura del vínculo materno filial, coerción e intimidación para que los hijos rechacen a la madre.
