Politólogos y quienes también son integrantes de comunidades originarias criticaron que a ocho meses de finalizar su sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador haya enviado la reforma para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y acusan que esta reforma tiene fines electorales, pues existen 20 millones de posibles votantes de estas comunidades en el país.
Sin embargo, aseguraron que es una buena oportunidad para que se alcance el pleno reconocimiento de sus derechos, aunque es insuficiente y contiene puntos que deben verse con cuidado, como la libre determinación y la consulta libre previa e informada, además de que falta aprobarla en el Poder Legislativo.
Los abogados ejemplificaron que las consultas realizadas para el Tren Maya, una obra insignia de la actual administración, fueron un ejercicio a modo y a favor del gobierno federal, lo que podría verse en próximas consultas para los proyectos que impulse el gobierno actual o el siguiente, al no llevarse a cabo con estándares internacionales.
Francisco López Bárcenas, abogado y exasesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los acuerdos de San Andrés, perteneciente a la comunidad de la Mixteca, dijo: “Es pirotecnia electoral, son promesas que generan esperanzas, que se pueden convertir en votos. Muchos indígenas que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador no dudarían en apoyar a Sheinbaum”.
Enfatizó que la reforma indígena que planteó el presidente López Obrador no es la iniciativa que llevaron a consulta los pueblos indígenas. “Hay un problema grave en términos políticos: hubo un proceso de consulta oficial que coordinó la Secretaría de Gobernación junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la cual se está desconociendo”, recalcó.
Cabe mencionar que dicha iniciativa de reforma la llevaron a cabo los pueblos indígenas y afromexicanos mediante una consulta libre, previa e informada en 61 asambleas de seguimiento a la reforma constitucional en materia de derechos colectivos de las comunidades, entre el 21 de junio y el 4 de agosto de 2019.
Participaron en este proceso más de 20 mil autoridades municipales, agrarias y comunitarias de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Bárcenas destacó que la iniciativa de reforma planteada por las comunidades tenía puntos importantes, como la libre determinación, autonomía, acceso a la justicia y sistemas normativos y representación política, los cuales no se encuentran en la reforma del Presidente.
Además, agregó que no es tanto la omisión del derecho sino el ejercicio, ante lo cual expone que los pueblos indígenas se han amparado y han ganado en la representación política, que es un tema ausente en dicha iniciativa.
Gerardo Martínez, abogado e integrante del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Asociación Civil (Cepiadet), y originario de la comunidad de Santo Domingo del Estado, Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, coincidió en que se presta a un fin político a pocos meses de las elecciones para la renovación de la Presidencia de la República.
Además, compartió que el detalle en dicha reforma es materializarla, desarrollarla y aplicarla, como el derecho a la consulta, ya que en 2011 también lo mencionó la Carta Magna.
“Lo preocupante es que el derecho a la consulta se puede legitimar para despojar de sus territorios, al no utilizar los instrumentos internacionales”, dijo.
