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Desde la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a emitir un mensaje antes de iniciar sus mañaneras, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenara colocarlo para mencionar las prohibiciones establecidas en el artículo 134 de la Constitución para los servidores públicos.
Además, López Obrador agregó una “posdata”: “Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede ocasionarte daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Andrés Manuel López Obrador”.
El Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) emprendió una estrategia legal para garantizar la libertad de expresión, a través de juicios que ayuden a garantizar el derecho de réplica, así como frenar las denostaciones en las conferencias matutinas del presidente.
Mariana Calderón, directora del CNLE, indicó a EL UNIVERSAL que el INE hizo la determinación “frente a las violaciones sistemáticas” que se han realizado al artículo 134 constitucional, y al 41, que establecen el impedimento de que los servidores públicos intervengan en los procesos electorales, en este caso en las comunicaciones de López Obrador.
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“Ante estas violaciones sistemáticas, el INE determinó que se presentara esta leyenda, un poco como recordatorio porque muchas veces la ciudadanía no tenemos el conocimiento de ciertos elementos constitucionales o ciertas prohibiciones, entonces era importante aclarar que no se estaba silenciando al presidente, se le estaba pidiendo al presidente que cumpliera con la Constitución.
“El segundo párrafo que está agregando no viene al caso, no tiene razón de ser, salvo difundir lo que él piensa, y seguir posicionándose respecto a personas que piensan diferente. Es nuevamente una forma de tratar de darle la vuelta a sus responsabilidades y tratar de presionar a todos aquellos que piensan diferente, porque se le olvida que todos que piensan diferente son ciudadanos mexicanos. Están en su derecho de ver el programa y están en su derecho de opinar de manera libre y desinhibida.
“Es solo un mensaje que puede generar el efecto inhibidor”, expuso Mariana Calderón.
Agregó que lo único que hace el Presidente es desincentivar a que la ciudadanía participe, se informe, critique y opine: “El jefe de Estado siempre debería de estar promoviendo el ejercicio de los derechos humanos y no tratando de restringir o de inhibir”.
La directora del CNLE precisó que no buscan coartar la libertad de expresión del mandatario, pues indicó que lo que se ha pedido es que no denoste, que no calumnie y que no increpe a los periodistas, ciudadanía y líderes de opinión.
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“Queremos potencializar los derechos humanos y creemos que un defensor de los derechos humanos, lo que debería hacer es justo potencializar y permitir el derecho de réplica, y no denostar y permitir que cada vez haya más libertad de expresión, que incluye la posibilidad de que te critiquen, que piensen y opinen diferente”, declaró.
De acuerdo con la estrategia del Consejo Nacional de Litigio estratégico, se basa en cuatro directrices para su implementación:
1.- No se debe silenciar a nadie, el objetivo es potencializar y garantizar los derechos humanos.
2.- Lograr el reconocimiento de las violaciones a la libertad de expresión.
3.- Evitar que, con criterios cuestionables que exceden los parámetros razonables de la argumentación jurídica, se exponga a Jueces y Magistrados.
4.- No generar precedentes que puedan ser contraproducentes por establecer restricciones a los derechos humanos de manera innecesaria.
El CNLE apuntó que se han presentado diversos litigios que buscan el reconocimiento de violaciones a la libertad de expresión y la construcción de estándares que permitan garantizar su ejercicio, “a partir de las nuevas realidades en materia de comunicación”.
En cuanto al derecho de réplica, se ha buscado su reconocimiento dentro de las conferencias mañaneras “para rectificar la información que se estime falsa e inexacta, a la luz de la perspectiva social del ejercicio de la libertad de expresión, que implica que todos los ciudadanos pueden acceder a información cierta, confiable y completa”.
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