Durante 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió mil 112 expedientes a servidores públicos de esta dependencia por cometer actos de acoso laboral, sexual, daño económico, negligencia, uso indebido de información o documentación, ejercicio indebido, omisiones, incumplimiento de las leyes y por situación patrimonial a los que catalogó como no graves.
En un informe que envió a San Lázaro, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, Arturo Serrano, detalló que el año pasado se abrieron mil 162 expedientes administrativos en los que se investigan probables irregularidades cometidas por servidores públicos de esta dependencia: mil 112 de éstas fueron conductas catalogas como no graves y 50 como graves.
En el desglose 2020, en conductas graves, se presentaron dos quejas por cohecho; siete por el presunto desvío de recursos; cuatro por tráfico de influencias; 36 por abuso de funciones y una por desacato, que dan en total 50 denuncias por delitos graves.
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Además, en 2020, en el rubro de conductas no graves hay siete quejas por negligencia; 25 por falta de respeto; tres por daño económico; cinco por uso indebido de información o documentación; 13 por acoso laboral; 10 por acoso sexual; 993 por omisión o deficiencia de funciones; 10 por ejercicio indebido; seis por incumplimiento a las leyes; 97 por situación patrimonial y tres más por otros motivos.
En la suma de 2019 y 2020 en las conductas no graves se presentaron 13 por negligencia; 37 por falta de respeto; siete por daño económico; seis por el uso indebido de información o documentación; 27 por acoso laboral y 12 por sexual, además de mil 42 por omisión o deficiencia de funciones; 23 por ejercicio indebido; 12 por incumplimiento de leyes; 29 por situación patrimonial y seis por otros delitos no especificados.
En el acumulado de 2019 y 2020 suman seis conductas graves de cohecho; ocho de desvío de recursos; cuatro de tráfico de influencias; 39 de abuso de funciones; dos de nepotismo; uno de encubrimiento y dos de desacato.
En este informe, el OIC detalló que al 31 de diciembre de 2020 se registró la recepción de 93% de las declaraciones de la situación patrimonial de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República.
Además, en todo 2020 se iniciaron 48 procedimientos de remoción contra funcionarios de la FGR; de éstos, nueve servidores públicos sí fueron separados del cargo y en otros 15 se resolvió la inexistencia de responsabilidad.
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En estos procesos se encuentran 28 expedientes con juicios de amparos que están en proceso de litigio por la Dirección General de Procedimientos de Remoción; siete expedientes se encuentran en trámite; uno está pendiente de notificar y otros tres están en proyecto de resolución.
El documento también habla de que la FGR sancionó a siete proveedores por incumplimiento de contratos en los que impuso sanciones económicas, en las que busca recuperar un millón 313 mil pesos; sin embargo, las empresas sancionadas impugnaron las decisiones de la fiscalía y se encuentran sub júdice.
De acuerdo con la relación de las empresas, en 2019 fue sancionada Comercializadora SELL, S.A. de C.V., con una multa de 256 mil 850 pesos; en 2020, Seguridad Privada Industrial Omega, S.C., con una inhabilitación de seis meses y una multa de 132 mil 57 pesos. Además, Tecnolimpieza Delta, S.A. de C.V., y Cervica Tex, S.A. de C.V., con una multa económica de 924 mil 403 pesos en ambas.
En el documento también describe que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, el OIC acudió a 179 eventos de destrucción de droga. Se detalla que fueron 93 eventos de incineración de narcóticos; 14 de precursores químicos; 65 de destrucción de objetos del delito; seis de transferencia de bienes apócrifos, y uno de devolución de bienes, para dar un total de 179.