La crisis de inseguridad alcanza niveles de ingobernabilidad en algunas regiones del país que presentan serios vacíos de autoridad, donde la violencia criminal ha crecido como nunca antes en delitos como homicidio doloso, robo, secuestro y extorsión, advirtió la expresidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Mireille Roccatti Velázquez.
En la ponencia La independencia del Poder Judicial y reformas al sistema de justicia, presentada ante el Senado, la académica señaló que la política de seguridad del régimen actual fue ejecutada sin un diagnóstico previo y se ha ido construyendo de manera reactiva ante fenómenos delictivos inéditos a los que el Estado se ha enfrentado, como los ocurridos durante el proceso electoral de este año.
Denunció que no hay un enfoque integral que enlace la política de seguridad con las de educación, salud y empleo, aunado a que existe “una gran descoordinación entre las diversas instituciones federales”, como las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, lo que se ve agravado en materia de información de inteligencia.
Roccatti Velázquez destacó el crecimiento nunca antes visto en homicidios dolosos, pues de enero de 2019 a diciembre de 2020 se registraron 76 mil 841, lo que hace un promedio diario de 97 muertes violentas.
Subrayó que las violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la Sedena, Semar y GN han crecido y el sistema penitenciario se encuentra en crisis, situación que se evidencia con fugas de reos, hacinamiento y violaciones a los derechos.
Advirtió que la FGR, la institución responsable de procurar justicia, se ha desgastado por los casos de corrupción en que han incurrido algunos de sus integrantes, así como por fallas operativas o legales en su actuación.
“La FGR evidenció su falta de acuosidad en la integración de algunas averiguaciones previas, y en muchas ocasiones los jueces resolvieron liberar a quienes por error o complicidad fueron consignados sin que se hubiera fundamentado ni probado debidamente la consignación”, dijo.
Ante ello, propuso depurar los mandos medios y superiores de la institución, así como ministerios públicos, peritos y policías, con estrictas medidas de permanencia, a través de los mecanismos previstos de control de confianza.
Sostuvo que el trasiego de drogas de México a Estados Unidos sigue en aumento y se diversifica, pues se agrega a la lista de estupefacientes el fentanilo, que desplazó en consumo a otros sicotrópicos como la marihuana, la cocaína y la heroína, siendo ahora una de las principales fuentes de financiamiento de algunas organizaciones criminales.
“Los precios de las drogas al mayoreo y menudeo se mantienen estables, lo que indica que no existe escasez a pesar de los decomisos realizados”, señaló.
Propuso priorizar la recopilación y el proceso de información de inteligencia policial y financiera, y que “la principal tarea de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no sea solamente la de perseguir exfuncionarios y políticos, sino que se concentre en detectar el flujo del dinero sucio de los grupos de la delincuencia organizada”, además de establecer mecanismos de intercambio de información entre todas las agencias de inteligencia policial y la UIF, así como con las agencias internacionales de combate al narcotráfico y el crimen organizado.
Señaló que sin abandonar la persecución de bandas y organizaciones dedicadas a la siembra, trasiego y fabricación de estupefacientes, debe ponerse mayor énfasis en las tareas de inteligencia policial para desarticular a las organizaciones criminales y combatir el lavado de dinero para restarles operatividad.
Sugirió fomentar el equilibrio entre políticas de reducción de oferta de drogas, de prevención del delito, de adicciones y rehabilitación de adictos, como un programa intensivo de salud pública; establecer mecanismos de investigación de actividades del crimen organizado, tráfico de armas, personas y dinero; reestructurara lo que fue el Cisen para que retome sus funciones como piedra angular del sistema nacional de inteligencia; y se replantee el diseño de mecanismos de coordinación con agencias de inteligencia y combate criminal extranjeras y se reorganice el sistema penitenciario, privilegiando la capacitación de mandos y custodios.
