El 1 de diciembre de 2018, en su punto número 13 de 100, para llevar a cabo la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se haría realidad el derecho a la salud, a dos años, especialistas afirman que México no sólo enfrentan una crisis de salud por el Covid-19 , sino que aún debe explicar a detalle la operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), continúan las protestas por falta de medicamentos oncológicos para niños y se mantienen las “batallas” contra la industria farmacéutica nacional.
“El propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos; comenzaremos en las unidades médicas del Seguro Social ubicadas en las zonas más pobres del país y poco a poco se irá ampliando el programa hasta que logremos, a mediados del sexenio, establecer un sistema de salud de primera, como en Canadá o en los países nórdicos”, dijo hace dos años el mandatario.
Al respecto, especialistas consultados por EL UNIVERSAL coincidieron que antes de que el país enfrentara la pandemia por el nuevo coronavirus, México vivía una crisis en el sector salud, si bien, reconocen que ésta se heredó, como los más de 300 hospitales a medio construir, el déficit de personal médico e infraestructura, aún no es claro el rumbo para “forjar” la cuarta transformación.
“La República mexicana enfrenta una crisis de salud, no solo por el SarsCoV2 , sino que hay otros problemas, como la disminución en la cobertura de otras vacunas, como la tuberculosis, o el regreso de enfermedades como el sarampión, hay tanto miedo de ir a centros de salud por no contagiarse de covid, que la gente deja de controlar sus enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, hay retrasos en la entrega de medicamentos, y la situación no cambia, cuando vemos que los más afectados siempre serán los que menos tienen”, dijo Rodolfo de la Torre , director director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Agregó que el gobierno debe aclarar cuánto presupuesto queda en el Fondo de Salud para el Bienestar que era de más de 97 mil millones de pesos y del que en 2020 se decidió usar 40 mil millones de pesos y más tarde, en la cámara de Diputados se aprobó una reforma a la Ley General de Salud para disponer de otros 33 mil millones de pesos.
“Falta transparencia para conocer en qué se usa el recurso de 40 mil millones de pesos para consolidar al Instituto de Salud para el Bienestar que es uno de los pilares de la 4T, además deben dejar muy claro cuánto se ha destinado a la crisis sanitaria por Covid-19 y no olvidemos que una promesa a inicios de año fue que para diciembre de 2020, los servicios de los institutos nacionales de salud serían gratuitos”, expresó.
A su vez, Gustavo Leal Fernández investigador en políticas de atención a la salud de la UAM Xochimilco mencionó que la pandemia por el nuevo coronavirus ha dado más visibilidad a la crisis del sistema de salud pública en México, pero enfatizó que ésta no ha sido provocada en su totalidad por el gobierno actual.
“Vemos consecuencias de la decisión de los regímenes anteriores cuando se asignaron recursos públicos con un enfoque privatizador, lo que ocasionó que las redes no estén en condiciones de atender en forma idónea la emergencia actual, en este momento, sin dejar de lado otros aspectos del sector salud, lo primordial es enfrentar la pandemia por Covid-19”.
Añadió que en cuanto al Insabi, el gobierno no solo se debe preocupar por incorporar a los 20 millones de mexicanos sin seguridad social a un esquema, sino que debe garantizar una atención de calidad en los servicios que ofrecen el IMSS e ISSSTE.
“Los retos principales para esta administración son dar atención a la población abierta, armar una red federalizada de servicios a través del INSABI, que a su vez tendrá el desafío de resolver los problemas en las entidades federativas y lograr que los recursos se usen en beneficio de la sociedad y otro reto es lograr que los derechohabientes del IMSS e ISSSTE reciban una atención integral y de primer nivel”.
Otro tema que ha puesto en jaque al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido la denuncia por parte de padres de niños con cáncer sobre el desabasto de medicamentos oncológicos tanto en hospitales adscritos a la secretaría de Salud, servicios estatales de Salud, IMSS e ISSSTE, al respecto, Israel Rivas Bastida, integrante del Movimiento Nacional por la Salud aseguró que no aceptarán más “negligencias”, por parte de las autoridades gubernamentales, para ello, buscan modificar el artículo 4 de la Constitución y garantizar el acceso a tratamientos para niños con cáncer.
“Llevamos más de dos años en un vaivén, por el desabasto de medicamentos, empezamos con protestas en el Hospital Infantil Federico Gómez, luego se nos unieron padres de pacientes del General, de La Raza, del 20 de noviembre y hasta de otros estados como Oaxaca, Baja California y Guerrero, nos han tachado de todo, por eso decidimos crear una iniciativa de reforma de ley para que en el artículo 4 nos garanticen el acceso a tratamientos para nuestros hijos”, dijo.
El padre de familia lamentó que desde que inició el movimiento, el presidente insista que se trata de una guerra entre farmacéuticas y el gobierno federal, “acusa corrupción, que si equis farmacéutica chantajea para dar los medicamentos, como padre, uno no piensa en eso, si me consiguen el medicamento de nuestros hijos en el país que sea está bien, siempre y cuando garanticen su efectividad, pero no podemos estar tronando nuestros dedos y pensar que hoy si hubo y mañana quien sabe”.
Antes de que llegara el Covid-19 a México, el gobierno federal decretó que se podrían comprar medicamentos en países que no contaran con registro sanitario, dicha decisión causó encono en miembros de la industria farmacéutica nacional, quienes advirtieron que “no hay piso parejo”, porque a los proveedores extranjeros se les resuelve un registro sanitario en cinco días y ellos llevan años con un esquema de 180 días.
“El Acuerdo de la Secretaría de Salud en su artículo primero indica que corresponde a la Cofepris resolver la procedencia de las solicitudes de registro sanitario de los medicamentos e insumos que provengan del extranjero, en un plazo de cinco días hábiles; mientras que para la industria nacional, les seguirán aplicando el Reglamento de Insumos para la Salud que señala 180 días naturales para genéricos y 240 días naturales para moléculas nuevas, sin duda se da un trato preferencial a los extranjeros y no se puede competir de manera pareja”, dijo Arturo Morales, de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf).
Acerca de la compra consolidada de medicamentos que ahora se realizará mediante el ingreso de los fondos rotatorios de la Organización Panamericana de la Salud, Juan de Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos comentó que el mayor argumento del mandatario y autoridades sanitarias es combatir a la corrupción, sin embargo lo considera “poco sostenible”, porque no hay denuncias que hayan derivado en detenciones o sanciones.
“Desde que inició el sexenio el presidente dijo que acabaría con la corrupción de las farmacéuticas, incluso veto a las principales distribuidoras que ganaban las licitaciones, la compra consolidada del año pasado se dio de una manera muy atropellada y se han tomado decisiones a rajatabla sin pensar en las pérdidas que éstas generan como el hecho de que la industria instalada en el país deje de invertir y con ello se pierdan miles de empleos, es una situación alarmante porque en caso de no contar con equis o ye medicamento, los que están en peligro son los pacientes”, concluyó.