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Para la operación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García no se generó un diagnóstico ni se sabe a cuántos estudiantes podrían atender; no cuentan con la infraestructura mínima para operar; no están en los municipios más pobres del país como se había prometido y su oferta educativa es escasa y de baja pertinencia, señaló la organización
(MCCI).
Además, no se ha proporcionado información sobre la ubicación de los planteles, los planes de estudios, ni tampoco se han dado a conocer los padrones de beneficiarios del programa, al cual se le asignó un presupuesto inicial de mil millones de pesos.
“No hay dirección, no sabemos cuántos profesores ni alumnos se están registrando. No nos da ningún tipo de información, ni siquiera la ubicación del plantel. Esto ni en la página oficial ni ningún otro sitio gubernamental: ni en Hacienda, SEP, ni la Función Pública. No había dirección, lista de alumnos ni profesores, ni los planes de estudios, no hay información presupuestal ni las evaluaciones del programa. Todos estos son requisitos que exige la ley”, señaló la investigadora María Amparo Cásar, de MCCI.
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En diciembre de 2019, EL UNIVERSAL publicó que a un año de haber arrancado el proyecto de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, no se habían dado a conocer los planes y programas de estudio de las 19 carreras que ofrecen, ni se había especificado oficialmente los domicilios de los planteles, y el organismo que las coordina no está incorporado a la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo cual no se sabe cómo operarán los más de 3 mil millones de pesos que se le asignaron para 2019 y 2020.
En su reporte, MCCI dio a conocer que entre las irregularidades del programa de las universidades Benito Juárez está el que no se presentaron los documentos como las matrices de indicadores y los lineamientos de operación del programa, sino hasta después de que las universidades ya estaban operando.
“Por eso también lo consideramos una ilegalidad”, explicó el investigador Leonardo Núñez.
La mitad de las universidades que han sido instaladas se encuentran en municipios gobernados por el partido Movimiento Regeneración Nacional ( Morena ) del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que el resto se encuentran ubicadas en municipios gobernados por el resto de los partidos, de acuerdo con el estudio Universidades en el limbo. 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García que MCCI elaboró y presentó ayer.
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La mitad de las universidades Benito Juárez se encuentran en las siete entidades donde gobierna Morena: Ciudad de México, Veracruz, Chiapas, Puebla, Morelos, Tabasco y Baja California.
A pesar de que el objetivo del programa es enfocarse en municipios con alto o muy alto grado de marginación, solamente 37 de las 100 universidades cumplen con dicho requisito; mientras que 40 de ellas se encuentran en municipios de baja o muy baja marginación.
También se supone que las universidades deben estar ubicadas a mínimo 50 kilómetros de distancia de la institución educativa más cercana, lo que solamente se cumple en cuatro de estas universidades.
“Si se pretende atender a un grupo desfavorecido, debería ubicarse donde potencialmente se encuentra esta población. Más que responder a la lógica de resolver un problema, la ubicación de las universidades, el diseño del programa parece más una instrucción presidencial de 'Hágase ahí porque sí'. No hay una coherencia entre las poblaciones”, consideró el investigador.
Tampoco se ha cumplido con la meta establecida por el gobierno federal, la cual se ha ido ajustando en el primer año de gobierno de López Obrador: de 96 mil estudiantes que se había prometido que admitirían, ha habido dos ajustes y de acuerdo con el primer informe de gobierno de la actual administración federal, sólo se reportaron 39 mil 600 estudiantes en este sistema; es decir, que se logró aumentar en menos de 1% el total de la matrícula universitaria y sólo se logró cumplir con 41% de la meta de admitir a 96 mil estudiantes, planteada inicialmente.
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“En general, la evidencia generada por esta evaluación apunta a que el diseño y la implementación de las Universidades para el Bienestar comprometen de forma sustancial los resultados de esta iniciativa, en especial, el que sectores excluidos tengan una oportunidad real de desarrollo”, señaló el reporte.
En este sentido, se dio a conocer que ninguna de las universidades cuenta con la infraestructura mínima que, por ejemplo, las instituciones privadas sí requieren para obtener su Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) que demanda la Secretaría de Educación Pública ( SEP ) para que puedan expedir títulos universitarios.
Los planteles, por ejemplo, están ubicados en terrenos baldíos, locales comerciales, escuelas primarias y palacios municipales.
“La política pública no tiene ningún diseño enfocado en calidad. No existe ningún indicador, meta ni objetivo que pretenda que la educación no solamente se ofrezca sino que tenga la posibilidad de cambiar la vida de los beneficiarios.
“Todo lo anterior eleva de forma considerable el costo por alumno, a la vez que vulnera la calidad de los servicios ofrecidos. Las 30 universidades visitadas operan en sedes temporales, sin una infraestructura física mínima para propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo académico; por el contrario 7 de los planteles visitados operan en condiciones paupérrimas”, agregó el investigador Leonardo Núñez.
